La Liga Española Pro Derechos Humanos ha presentado en la Audiencia Nacional una querella criminal contra tres ministros marroquíes y el gobernador de El Aaiun por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos el 8 de noviembre pasado en el campamento Gdeim Izik de El Aaiún, y ha solicitado la declaración en esta causa de la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, para que detalle el conocimiento que tuvo de estos hechos y las medidas que el Gobierno va a tomar al respecto.
Los querellantes, que justifican la competencia de la Audiencia Nacional por tratarse de un caso de justicia universal con víctimas españolas, dirigen su acción penal contra los ministros de Interior, Taib Cherkaui; Asuntos Exteriores, Taib Fassi Fhiri; y Defensa, Abderrahmane Sbaï; y el gobernador de El Aaiun, Mohamed Guelmouss, a los que acusan del asesinato de un centenar de personas, entre ellas el ciudadano español Baby Hamday Buyema, así como la desparición de otras 600.
La querella defiende que "el Derecho internacional vigente obliga a todos los Estados a perseguir, por su especial gravedad, ciertos crímenes internacionales, se produzcan donde se produzcan, y con independencia de los agresores y sus víctimas". Entienden que "conductas tan odiosas --que, además, permanecen en la impunidad-- trascienden a las víctimas, ofenden a toda la humanidad y ponen en peligro los principios generales de civilización consagrados por las normas protectoras de los Derechos Humanos fundamentales".
A las puertas de la Audiencia Nacional, el presidente de la Liga Española Pro Derechos Humanos, Francisco José Alonso, ha señalado que la muerte de Baby Hamday Buyema, trabajador de la empresa española Fosfatos de Bucraa, se produjo cuando acudía a su puesto de trabajo en autobús y fue interceptado en un control policial.
"La policía misma lo sacó a la fuerza y una vez en la calzada de la calle un furgón policial le atropelló y le pasó varias veces por encima, dejándolo malherido, hasta que, por falta de auxilio médico, falleció", relata la querella. "Fue masacrado públicamente y reventado", ha recalcado Alonso.
El presidente de la Liga, que ha presentado la querella en compañía de la abogada Rosa Stampa y el fiscal Pedro Martínez, también ha reclamado el nombramiento "urgente" de una comisión formada por fiscales, forenses y policías que investigue los acontecimientos de El Aaiún, al tiempo que ha hecho un "llamamiento" a la Unión Europea para que los compromisos firmados con Marruecos sobre el Sáhara Occidental "no se queden en papel mojado".
Tras indicar que la querella no se dirige "contra el pueblo marroquí ni contra la nación" sino únicamente contra el Gobierno de este país, Alonso ha tenido un recuerdo para el juez Baltasar Garzón, que actualmente disfruta de un permiso en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. "No vamos a echar de menos a Garzón porque Garzón hubiera abierto diligencias pero los demás jueces son igual que él", ha dicho.
En su escrito, la Liga Española Pro Derechos Humanos pide la "detención inmediata y prisión provisional incondicional" de los tres ministros y el gobernados contra los que se dirige la qurella y solicita tanto su declaración como la de los testigos protegidos que presenciaron los hechos ocurridos en el denominado 'Campamento de la Dignidad'.
El escrito, que recaerá en el juzgado central de instrucción que por turno corresponda, detalla que la Policía Especial para el Sáhara Occidental (GUS) y unidades especiales del Ejército lanzaron "una brutal ofensiva sobre los pacíficos y desarmados habitantes del campamento" que finalizó con "la persecución, aplastamiento y masacre" de sus ocupantes. Según sus cálculos, más de 2.000 personas fueron "detenidas, encarceladas y están siendo torturadas".
A juicio de la asociación denunciante, los hechos a investigar constituyen actos de lesa humanidad porque han sido cometidos por "motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género" y se han producido en "el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen".
De igual modo, defienden que las víctimas son españolas, de forma que se cumple el requisito de "vínculo de conexión relevante con España" contemplado en la última modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para la aplicación de la denominada justicia universal.
Tras indicar que los recientes sucesos en El Aaiún "han abierto el debate sobre hasta qué punto España tiene responsabilidad sobre un territorio que primero fue colonia y después provincia hasta 1976", los qurellantes recuerdan que un informe de Naciones Unidas elaborado en 2002 recuerda que los Acuerdos de Madrid de 1975 no transfirieron la soberanía sobre el territorio ni confirió a ninguno de los firmantes la condición de potencia administradora.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional se manifestó este lunes partidaria de pedir la admisión a trámite de esta querella, al entender que se trataría de delitos de lesa humanidad cometidos contra un ciudadano de nacionalidad española.