La Iglesia Católica aseguró que tres de los siete obispos de Michoacán, así como un número no determinado de sacerdotes, han recibido amenazas de muerte por parte de algunos de los narcotraficantes que integran La Familia, uno de los cárteles más poderosos del país.
El portavoz de la Archidiócesis, Hugo Valdemar, informó de que hasta el momento no se ha realizado ninguna denuncia formal ante las autoridades mexicanas, ni tampoco ha solicitado protección especial, alegando que el crimen organizado ve a los clérigos como “sus enemigos".
"Ellos no han querido tener una seguridad especial y quieren vivir como cualquier ciudadano que por desgracia vive en la zozobra y en la inseguridad", lamentó Valdemar.
Sin precisar más detalles, Valdemar dijo que los delincuentes piden a los sacerdotes "que dejen de condenar la actividad ilícita de los narcotraficantes", debido a que los grupos que se dedican a la venta al por menor de droga "se han sentido afectados" por las denuncias que ha hecho la Iglesia en su contra.
El Gobierno ordenó el despliegue de 5.500 militares en Michoacán después de que La Familia incrementara sus ataques en contra de las fuerzas de seguridad del Estado, donde se disputan el control de la droga con el brazo armado del cártel del Golfo, los Zetas.
Uno de los hechos más recientes que se le atribuye a este cártel es el asesinato de 12 policías que aparecieron en una carretera con evidentes signos de tortura. La Familia ha seguido sus ataques contra sedes y agentes de seguridad en respuesta a la captura de uno de sus miembros más importantes.
A este respecto, Valdemar dijo que "por el momento no hay otra opción" que la presencia de militares en el estado debido al aumento de los crímenes. "No hay otra manera para atacar al narcotráfico más que con el Ejército", afirmó.
Estas medidas forman parte de la estrategia que intenta mantener el Gobierno de Calderón para combatir el crimen organizado que desde finales de 2006 ha dejado unos 12.800 muertos.
Valdemar rechazó la propuesta que hizo la semana pasada Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, uno de los líderes de La Familia, de negociar con el Gobierno mexicano un "pacto nacional", al considerar que "con la gente que delinque, que hace el mal y destruye, no se puede dialogar".
El portavoz del Arzobispado es del criterio que a los responsables de los asesinatos "se les tiene que aplicar la ley sin ninguna concesión, ya que aquí no cabe el diálogo", porque para la Iglesia Católica "existe un aspecto doctrinal que es muy claro: con el maligno no se dialoga".
De esta manera, Valdemar hizo un llamamiento a los miembros de La Familia a que "piensen en sus acciones y dejen de hacerlas" si quieren sentarse a negociar un pacto con el Gobierno, "porque es imposible que el Estado dialogue con delincuentes".