El secretario general del Ministerio, Luis Manuel Neira, ha confirmado este viernes en un comunicado que el 30 de junio se recibieron de la familia Betancourt dos solicitudes de conciliación extrajudicial por parte de Betancourt, su madre, Yolanda Pulecio, sus dos hijos y su hermana.
"Convocan a la nación y al Ministerio de Defensa para conciliar (...) los perjuicios que en opinión de ellos le fueron causados con ocasión del secuestro de la señora Ingrid Betancourt" por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), añade la nota oficial. Los perjuicios son estimados por "los convocantes" en la suma global de 13.000 millones de pesos (5,4 millones de euros), agrega el portavoz.
Betancourt miente para conseguir la indemnización
El Ministerio de Defensa se declara "sorprendido y apesadumbrado" por la presentación de esas solicitudes, "máxime por el esfuerzo y empeño de la fuerza pública en la planeación y ejecución de la operación Jaque", por la que fue liberada Betancourt y otras 14 personas el 2 de julio de 2008.
La familia Betancourt sustenta su petición en que varios oficiales del Ejército el día de su secuestro, el 23 de febrero de 2002 en una carretera del sur de Colombia, le garantizaron con anterioridad que no sucedería nada y que no corría peligro.
El Ministerio de Defensa consideró que no hay elementos objetivos para llegar a una conciliación con Ingrid Betancourt por su petición. "Betancourt, en su momento candidata presidencial, desatendió las insistentes recomendaciones de la fuerza pública y otras autoridades de no proseguir en su intención de viajar al municipio de San Vicente del Caguán (departamento de Caquetá) donde tenía un acto en desarrollo de su campaña política", recordó el comunicado oficial.
El mensaje puntualizó que el Gobierno colombiano está seguro de que no existe "ningún elemento objetivo que permita deducir la responsabilidad del Estado en esos hechos". El principal argumento del Gobierno colombiano es que Betancourt el día de su secuestro desconoció y despreció las advertencias públicas y privadas que le hicieron las autoridades ante el inminente riesgo de seguridad que suponía su movilización por una carretera del sur de Colombia.
Por su parte, el comisionado de Paz del Gobierno en la época del secuestro, Camilo Gómez, recordó que Betancourt solicitó autorización para ir en esas fechas a San Vicente del Caguán, epicentro de las frustradas negociaciones de paz del gobierno con las FARC entre 1999 y 2002.
"Ingrid había solicitado autorización en dos o tres ocasiones para llegar hasta allá y el Gobierno le había dicho tajantemente que no era posible que una persona hiciera esos movimientos porque las condiciones de la zona eran muy complicadas en ese momento y habían combates", dijo Gómez.
Precisó que se le pidió que se abstuviera de ir a esa zona y que ella tomó la decisión de ir. "Llegó hasta el retén militar más avanzado y allí los militares le pidieron que no continuara y está firmado en la minuta, en el libro de la guardia de ese retén, que ella dice que continúa bajo su responsabilidad", agregó.
El Ejército la rescató en 2008
Según los procedimientos legales, en caso de no existir una conciliación entre el Ministerio de Defensa y la familia Betancourt ésta tendrá que pasar a una demanda ante un juez.
La ex candidata presidencial fue secuestrada por las FARC, la principal guerrilla colombiana, junto a la entonces su compañera para la vicepresidencia, Clara Rojas. Las dos políticas tenían preparado un mitin en San Vicente del Caguán, uno de los fortines electorales de Betancourt, pero fueron secuestradas mientras se dirigían a esa zona.
Betancourt fue rescatada junto a otros 14 rehenes por el Ejército el 2 de julio de 2008 en la "Operación Jaque", mientras que Rojas había sido puesta en libertad por las FARC el 10 de enero de ese mismo año.