El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) acusó este viernes de mentir a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y de no enterarse al presidente José Luis Rodríguez Zapatero y tildó de "bajeza moral" y "actitud vergonzosa" que el Ejecutivo responsabilice a la Policía de haber autorizado la entrada a España de la activista saharaui, Aminatu Haidar, el pasado día 14 de noviembre.
"La vicepresidenta miente y el presidente no se entera. Es vergonzoso que echen la culpa la policía a la que tanto usan para colgarse medallas", denunció en declaraciones a Europa Press el secretario general del SUP, José Manuel Sánchez Fornet, quien explicó que "lo que hubo en este caso fue una deportación y una detención ilegal hecha desde Marruecos con la complicidad del alguien desde España. "Si fue un político que sea cesado o dimita y si fue un policía lo mismo", añadió.
En ese sentido, criticó lo que calificó como "la bajeza moral que supone culpar a la policía, algo que es impropio de un gobierno democrático". Fornet manifestó sus dudas acerca de la tesis del Gobierno diciendo que "los policías no pueden incumplir la Ley de manera tan flagrante". "Yo creo que fue un político", remachó. "El Gobierno tiene que resolver los problemas y no echar balones fuera", sentenció el SUP en respuesta a las declaraciones de la vicepresidenta quien ha indicado este viernes que fue "la policía de fronteras" la que autorizó el pasado 14 de noviembre la entrada de la activista saharaui Aminatu Haidar, y se hizo porque ésta "tiene un permiso de residencia legal" en España.
Así se pronunció De la Vega, sin dar más detalles, al ser preguntada al término del Consejo de Ministros sobre quién autorizó la entrada de Haidar en España después de que las autoridades marroquíes la expulsaran desde El Aaiún el pasado 14 de noviembre. Según la vicepresidenta, el Gobierno actuó conforme a la ley y "por motivos humanitarios".
Por su parte, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha afirmado que la entrada en España de la activista Aminetu Haidar con un permiso de residencia expedido por razones humanitarias como única documentación la gestionaron "autoridades administrativas" y se produjo "conforme a la ley". "La señora Haidar entró en España conforme a la ley, teniendo en cuenta que tiene un permiso de residencia por razones humanitarias que le permite entrar en España. No hay ninguna autoridad política que esté en el día a día dedicada a establecer autorizaciones o denegaciones de lo que es simplemente la aplicación de la ley que corresponde a las autoridades administrativas que tienen encomendada esa gestión", aseguró tras ser preguntado en rueda de prensa en Bruselas por la autoridad política que autorizó la entrada de la activista en territorio español.
CEP y SPP emplazan a Rubalcaba
La Confederación Española de Policía (CEP) y el Sindicato Profesional de Policía (SPP), denunciaron la "hipocresía política y la doblez" empleada por el Gobierno que, según dicen, podría haber solucionado el caso. "El Gobierno pretende protagonizar un intolerable ejemplo de cómo eludir su responsabilidad al imputar al Cuerpo Nacional de Policía y especialmente a un inspector de la plantilla del aeropuerto de Lanzarote, el origen del conflicto internacional generado por la entrada en España de Aminatu Haidar", dicen estos dos sindicatos, que acusan a De la Vega de sumarse "al más que cuestionable comportamiento de la Delegada del Gobierno en las Islas Canarias, Carolina Darias, y de la Jefa Superiora del archipiélago, Concepción De Vega".
Así detallan que "la llegada de Haidar al aeropuerto de la isla canaria, el pasado 14 de noviembre, se produjo sobre las 12:30 horas. El Gobierno, conocedor del conflicto que se cernía sobre este caso, pudo haber permitido el regreso de la activista prosaharaui a territorio marroquí, en un vuelo que salía aquella misma tarde". "Esta posibilidad, en cambio, fue abortada por indicación de la responsable policial de Canarias, aludiendo a impedimentos de tipo legal, posteriormente sorteados mediante un salvoconducto", continúa el escrito en el que se concluye que "fue el propio Ejecutivo quien evitó, por activa o pasiva, una rápida solución al caso durante las primeras horas, teniendo en cuenta que la propia Haidar, en declaraciones a los medios de comunicación, confesó que estaba dispuesta a volver a Marruecos".
La CEP y el SPP indican que la vicepresidenta "pretende confundir a la sociedad española, hurtando del debate público que fue precisamente su Gobierno el que impidió la salida de España de la activista prosaharaui el mismo día en que llegó a Lanzarote, pudiendo haberlo hecho mediante el mismo procedimiento -la expedición de un salvoconducto- que se intentó emplear hace unos días". Sobre la abortada salida de España de Aminatu Haidar, el pasado día 4, "que requería, para su nuevo acceso a suelo español, de un salvoconducto similar al que le permitió abandonar la terminal del aeropuerto de Lanzarote unos minutos antes", supuso a juicio de la CEP y el SPP "el inicio de toda una serie de presiones políticas sobre la Policía que han alcanzado una virulencia y temeridad difícilmente superables".
"Ha sido el Gobierno el que ha impedido el regreso de Haidar a Marruecos durante la tarde del mismo día en que llegó a nuestro país y fue la Delegada del Gobierno en Canarias la que, en un mal ejemplo de servicio público y apego de su cargo a las mínimas reglas de cortesía, dio inicio a una situación de creciente hostilidad hacia el trabajo del Cuerpo Nacional de Policía, sometido en este caso a criterios única y exclusivamente legales", denuncian estos dos sindicatos.
En ese sentido, desde la CEP y el SPP hacen un llamamiento a la Jefa Superiora de Policía en las Islas Canarias, a la Delegada del Gobierno en el archipiélago y, especialmente, al ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, "para que no permitan, por enésima vez, que el trabajo policial se vea manchado por pugnas políticas que no tienen nada que ver con el Cuerpo".
