El abogado de Betancourt dice que no hay demanda sino "acción de conciliación"

El abogado de la ex candidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt, quien junto a su familia presentaron una acción de conciliación contra el Ministerio de Defensa, aclaró que no hay demandas contra nadie y refutó la versión de cómo fue el secuestro.

Gabriel Devis, el defensor de Betancourt, así lo señala en un comunicado dirigido "a los medios de comunicación y a la opinión pública" en el que habla de la acción de conciliación, pero no proporciona cifra alguna como la difundida por el Ministerio de Defensa unas horas antes.

El secretario general del Ministerio, Luis Manuel Neira, confirmó en un comunicado que el pasado 30 de junio se recibieron dos solicitudes de conciliación extrajudicial por parte de Betancourt, su madre Yolanda Pulecio, sus dos hijos y su hermana.

Las solicitudes, según Neira, exigen el pago de 13.000 millones de pesos (unos 6,84 millones de dólares) por los perjuicios ocasionados durante su secuestro de más de seis años.

Devis señala en el comunicado que "no se ha demandado a nadie, ni al gobierno colombiano, ni a las Fuerzas Armadas, ni a ninguna de las personas que participaron en la operación de liberación" de Betancourt.

Añade que refuta "totalmente las informaciones amañadas sobre las condiciones en las cuales se produjo el secuestro" y subraya que desde el inicio del trámite de conciliación "se me dieron instrucciones de no instaurar ninguna demanda contra el Estado colombiano".

Para el defensor de Betancourt, rehén de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) durante seis años y medio, "una conciliación es una manera de ayudar a reflexionar sobre los mecanismos de protección que brinda el Estado colombiano a sus ciudadanos víctimas del terrorismo".

Devis ratifica "el profundo y permanente agradecimiento" de los Betancourt "con el gobierno colombiano, las Fuerzas Militares y todos aquellos que de una u otra forma, valientemente expusieron su vida por lograr su liberación y la de sus compañeros de cautiverio".

En el sexto y último punto del comunicado el abogado Devis señala que "todo Estado de Derecho ampara a sus ciudadanos víctimas de terrorismo".

Y puntualiza en que tiene la confianza en que "este debate permita adelantar una toma de conciencia de nuestra sociedad en torno a los daños morales que sufren las familias víctimas del secuestro y a la legitimidad de sus reparaciones".

El Ministerio de Defensa se declaró antes, "sorprendido y apesadumbrado" por la presentación de las solicitudes, "máxime por el esfuerzo y empeño de la fuerza pública en la planeación y ejecución de la operación Jaque", por la que fue liberada Betancourt en julio de 2002.

La familia Betancourt sustenta esa acción de conciliación en que varios oficiales del Ejército el día de su secuestro, el 23 de febrero de 2002, le garantizaron que no sucedería nada y que no corría peligro.

Sin embargo, algunas declaraciones de este viernes como reacción a la conciliación presentada, entre ellas la del ex alto comisionado para la Paz, Camilo Gómez, contradicen la versión de la misma ex candidata presidencial y de su familia.

Según Gómez, en declaraciones a emisoras, a la política se le advirtió del riesgo que corría al internarse por una carretera e incluso firmó una minuta sobre su responsabilidad.

Gómez precisó que se le pidió (a Betancourt) que se abstuviera de ir allá y ella tomó la decisión de ir, "llegó hasta el retén militar más avanzado y allí los militares le pidieron que no continuara y está firmado en la minuta, en el libro de la guardia de ese retén, que ella dice que continúa bajo su responsabilidad".

El Ministerio de Defensa recordó también que Betancourt "desatendió las insistentes recomendaciones de la fuerza pública y otras autoridades de no proseguir en su intención de viajar al municipio de San Vicente del Caguán donde tenía un acto en desarrollo de su campaña política".

El Gobierno colombiano, subrayó la cartera de Defensa en su comunicado, está seguro de que no existe "ningún elemento objetivo que permita deducir la responsabilidad del Estado en esos hechos".

Junto a la entonces candidata a la jefatura de Estado por el Partido Oxígeno Verde, fue secuestrada también su compañera para la vicepresidencia, Clara Rojas, liberada seis meses antes, en enero de 2008.