EEUU retira el visado a Micheletti y a varios magistrados de Honduras

El Gobierno de Estados Unidos le ha cancelado el visado de entrada en el país al presidente de facto de Honduras, Roberto Micheletti, lo mismo que al canciller, Carlos López, y a 14 magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Así lo informaron hoy a periodistas el propio Micheletti y la diputada Marcia Villeda, a quien también le fue revocado el visado estadounidense.

Micheletti indicó desde San Pedro Sula (norte) que fue informado de la medida por el consulado de Estados Unidos en Tegucigalpa.

Agregó que las autoridades estadounidenses le enviaron una carta, "no como presidente de Honduras", sino como titular del Parlamento, institución que presidía cuando fue derrocado el presidente Manuel Zelaya, el 28 de junio pasado.

La causa para que le cancelaran el visado, según explicó Micheletti, es la destitución de Zelaya, aunque reiteró su posición de que lo que hubo en Honduras el 28 de junio no fue un golpe de Estado, sino una "sucesión constitucional".

Zelaya fue sacado de su domicilio por fuerzas militares, enviado a Costa Rica y sustituido por Micheletti por designación del Parlamento.

Micheletti enfatizó en declaraciones a la radio HRN, que transmite desde Tegucigalpa, que respeta la decisión de Estados Unidos de cancelarle el visado, pero que no retrocederá en su decisión de no permitir el regreso de Zelaya al poder.

"No vamos a dar un paso atrás. Los hondureños tenemos dignidad, así que esa situación yo (la) acepto, respeto la decisión del Gobierno norteamericano de suspender la visa", agregó.

La diputada Marcia Villeda, del gobernante Partido Liberal, indicó a Radio Cadena Voces que la misma medida ha sido aplicada a 14 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al canciller, Carlos López, y a varios empresarios de Tegucigalpa y San Pedro Sula, que no identificó.

Tras el golpe de Estado a Zelaya, Estados Unidos le revocó el visado al nuevo presidente del Parlamento, José Alfredo Saavedra; al magistrado Tomás Arita, del poder judicial; al ministro de Defensa, Adolfo Sevilla, y al Comisionado de los Derechos Humanos, Ramón Custodio.