Un juez boliviano ordenó detener al militar que capturó en 1967 al rebelde argentino-cubano Ernesto "Che" Guevara, general Gary Prado Salmón, ahora acusado de ser parte de un supuesto complot en 2009 contra el presidente Evo Morales, informó hoy a Efe su hijo abogado, Gary Prado Arauz.
Según informa EFE, la orden fue emitida por el juez Rolando Sarmiento, que declaró "rebelde" a Prado Salmón, lisiado y residente en Santa Cruz (este), por no acudir a las audiencias del caso, que comenzaron esta semana en Cochabamba (centro).
El caso estalló en 2009 con una polémica operación policial en Santa Cruz en la que terminaron muertos el húngaro-croata-boliviano Eduardo Rózsa, presunto jefe de la trama, el rumano Magyarosi Arpak y el irlandés Dwayer Michael Martin, y fueron detenidos el húngaro Elöd Tóaso y el boliviano-croata Mario Tadic.
Prado Arauz afirmó a Efe que desde 2009 los médicos certificaron que su padre no puede viajar a ciudades con una altitud mayor a los 2.000 metros porque padece deficiencias cardiacas, y que arriesgaría su vida al ir a Cochabamba, a 2.558 metros sobre el mar.
"Quieren traerlo por la fuerza. Será bajo la responsabilidad del Gobierno", dijo Prado Arauz, que sigue en Cochabamba el juicio, en el que han sido acusadas 39 personas, entre ellos algunos líderes políticos de oposición y empresariales cruceños.
El militar capturó al "Che" en octubre de 1967, cuando fracasó su intento de implantar en Bolivia un foco guerrillero, y desde 1981 está lisiado y en silla de ruedas, por un disparo supuestamente accidental de otro oficial en medio de una operación.
Desde 2009, por la denuncia sobre el presunto complot contra Morales, no puede salir de Bolivia y está en arresto domiciliario, aunque se le permite asistir a su trabajo como profesor universitario.
El general fue acusado de haber asesorado militarmente a Rózsa. pero su hijo y abogado sostiene que la entrevista que tuvo con el húngaro-croata-boliviano fue porque éste se presentó como periodista, con la excusa de buscar información sobre el "Che".
Los acusados están imputados por el Gobierno de sedición y terrorismo, por el supuesto plan para asesinar Morales y formar milicias para la secesión de Santa Cruz, la región más próspera del país y bastión de la oposición.
La oposición, parte de la prensa boliviana y diplomáticos estadounidenses, según filtraciones de WikiLeaks, ponen en duda la trama terrorista, mientras que se han difundido información y vídeos sobre un presunto montaje del caso por agentes gubernamentales.