Promover el software libre convierte a un país en "pirata"

La lista Special 301 de la Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual (IIPA, en sus siglas en inglés), un grupo financiado por organizaciones gestoras de derechos como la MPAA, RIAA y otras, se utiliza en muchas ocasiones como medida de presión comercial para que los gobiernos extranjeros cambien su postura. Normalmente, se centra en asuntos relacionados con las farmacéuticas o productos falsificados en general. En esta ocasión el software libre ha sido también considerado como un "elemento debilitador" de la industria.

El Gobierno estadounidense no tiene la necesidad de legislar sobre este asunto ya que una simple recomendación de la IIPA a través de la Special 301 introduce a ciertos países en una "lista negra".

El último ejemplo, que ha hecho saltar las alarmas, ha sido el de Indonesia. El Gobierno de Yakarta envió el pasado año una carta a todos los departamentos y negocios estatales recomendando la utilización del llamado open source software, programas de código libre cuyo uso y distribución entra dentro de los márgenes de la ley. Esta recomendación, según la IIPA, ha hecho merecedor al país asiático de formar parte del informe Special 301 por debilitar la industria y "fallar a la hora de hacer crecer el respeto por los derechos de propiedad intelectual".

Según el texto del lobby, la política llevada a cabo por el gobierno indonesio "menoscaba la competitividad" a largo plazo creando una "preferencia artificial" por compañías que ofrecen programas de código libre además de "negar" a compañías legítimas el acceso al mercado de las administraciones públicas.

Países como Reino Unido, que a través del propio ministro de convergencia digital, Tom Watson, han declarado este mismo miércoles que los servicios públicos deberían evitar dentro de lo posible "estar atados a software con licencia", sin embargo, no han sido incluidos en la lista Special 301.

La nota, según explica el rotativo inglés The Guardian, continúa argumentando que en vez de fomentar un sistema que permitirá a los usuarios beneficiarse de la mejor solución disponible en el mercado, independientemente del modelo de desarrollo, fomenta una actitud que "no tiene debidamente en cuenta el valor de las creaciones intelectuales" y limita "la capacidad de los gobiernos" para escoger la mejor solución posible.