Miguel Pérez Subías, en representación de la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), Víctor Domingo, en representación de la Asociación de Internautas (AI), y Ana María Méndez, en representación de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (Apemit), miembros de la plataforma Todoscontraelcanon, denuncian este martes ante la Fiscalía Anticorrupción a las entidades de gestión de derechos de autor (incluida la SGAE) por los "posibles delitos de Fraude a la Hacienda Pública, falsificación de documentos privados y públicos y apropiación indebida".

En concreto, los denunciantes acusan a los Consejos de Administración o Juntas de Gobierno de las diversas entidades de gestión de apropiarse indebidamente de cerca de 50 millones de euros provenientes del canon digital que deberían haber sido abonados a los autores o bien devueltos, según la Ley de Propiedad Intelectual (LPI).

Y es que, las entidades tan sólo se pueden deducir de la recaudación por copia privada (canon digital) un 20% (10% para obra social, 10% para fomento de la cultura), aparte de los costes de administración o gestión de cobro, mientras que el resto debería ser repartido entre los autores. Sin embargo, según la documentación aportada a la Fiscalía, las entidades repartieron en 2008 y 2009 un porcentaje muy inferior al debido.

En concreto, las entidades retuvieron un 37,5% de lo recaudado por copia privada en 2009 y un 14,07% en 2008. Es decir, unos 50 millones de euros en dos años que, según los denunciantes, supone una "capitalización extra que debería haber sido dedicada al fin por que fue recaudada y si no lo ha sido, retornada.

Pinchar en la imagen para ampliar

Según la denuncia, "se ha vulnerado el Real Decreto 1434/1992 (art. 39) al no repartir a autores, productores y ejecutantes y apropiarse, (sin devolverlo a quien lo abonó originariamente) lo que la ley establece por importe total de MÁS DE CINCUENTA MILLONES DE EUROS, MÁS DE OCHO MIL MILLONES DE LAS ANTIGUAS PESETAS, sólo en estos dos años; se ha incurrido en falsedad documental ya que las cuentas presentadas a los asociados y a la administración no coinciden; posible Fraude a la Hacienda Pública al declarar ante la administración pública una cantidad inferior para así obtener una mayor subvención; posible fraude a los asociados, autores, productores y artistas, al no coincidir lo declarado con lo cobrado".