Lassalle podrá cerrar sitios web de enlaces a partir de este jueves

Más de dos años después de que se iniciara la tramitación de la polémica norma conocida como ley Sinde, este mismo jueves 1 de marzo la Comisión de Propiedad Intelectual inicia su andadura. Con el aplauso de muchos autores y la protesta de los internautas, que han llegado a recurrir al Tribunal Supremo el reglamento por el que se rige esta comisión, la nueva legislación permitirá a este órgano cerrar por un año los sitios web que a su juicio vulneren derechos de propiedad intelectual en internet, informa EFE.

La Comisión incorpora a su labor de mediación y arbitraje, que desarrollaba hasta ahora, una segunda sección que establece un sistema mixto administrativo-judicial contra las páginas que estime que vulneren la propiedad intelectual con ánimo de lucro o que causen o puedan causar un daño al patrimonio. Los jueces, aunque aparecen fugazmente en dos momentos del proceso, no podrán decidir sobre la cuestión de fondo, la legalidad o no de las páginas.

Desde mañana, cuando un titular de derechos de propiedad intelectual considere que una página de internet utiliza sus obras sin permiso puede iniciar un procedimiento ante esta comisión que, en un plazo mínimo de veinte días y máximo de tres meses, puede llevar a la interrupción del servicio. La Comisión inicia entonces una serie de trámites de notificación, admisión o no de la solicitud, todo ello a través de un sistema telemático, muy criticado por los internautas.

El denunciante tendrá que acreditar que esa página tiene un ánimo de lucro o puede dañar su patrimonio, y deberá identificar al presunto responsable de la web. En caso de que no pueda llevar a cabo esta identificación, el sistema prevé que un juez se encargue de ello, una de las dos ocasiones en las que se contempla la intervención de la Justicia en este procedimiento.

La otra es cuando, una vez acreditada por parte de la Comisión la vulneración de la legalidad, la página en cuestión no acceda voluntariamente a retirar los contenidos ilícitos, caso en el que el juez podrá autorizar el cese del servicio si considera que no vulnera ningún derecho básico. Sin embargo, no podrá decidir si la actividad del sitio web es ilegal. La razón es que hasta ahora los jueces habían decidido sobreseer los casos contra estas páginas por no considerarlas delictivas.

Esta sección, presidida por el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, está integrada además por vocales de los Ministerios de Educación, Cultura y Deportes; Industria, Energía y Turismo; Economía y Competitividad y Presidencia. Sus identidades no han sido dadas a conocer por el momento.

Críticas de los internautas

Según ha explicado a EFE el presidente de la Coalición de Creadores, José Manuel Tourné, la puesta en marcha de la Sección Segunda está generando mucho movimiento en internet. Su organización cifraba el año pasado en unas 200 las webs que podrían ser objeto de demandas ante la Comisión, mientras que ahora, ha adelantado Tourné, se han reducido a un centenar, una bajada que se puede atribuir "al efecto MegaUpload y al propósito de los empresarios de abandonar las prácticas ilícitas".

Sin embargo, el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, pronostica un "carajal legal muy importante": "Es un tremendo error que va a generar inmensos conflictos y gran inseguridad jurídica". Domingo ha advertido en declaraciones a EFE de que la comisión "no puede ir por encima de decisiones de jueces que ya han dictaminado", e incluso absuelto, a páginas web.

Por ello, los internautas se preguntan si el papel de los magistrados va a ser un "mero sellado" de las denuncias, mientras se confiesan "expectantes" ante la decisión que tome el Tribunal Supremo, que admitió a trámite el recurso de esta asociación que pedía la suspensión de la ley Sinde.

Esta normativa comenzó su andadura en noviembre de 2009, cuando el gobierno del PSOE presentó el anteproyecto de ley de Economía Sostenible que preveía una norma antidescargas y la creación de una comisión de propiedad intelectual, que finalmente fue aprobada por el ejecutivo del PP el pasado 30 diciembre.