La ONU ha publicado un documento en el que se relatan las evidencias "masivas y sistemáticas" de violaciones de derechos humanos en Corea del Norte, que alcanzan el grado de crímenes contra la humanidad, en un extenso informe que aporta pruebas suficientes para presentar el caso a la Corte Penal Internacional (CPI).
"Hacemos un llamamiento a la comunidad global para que, con estas pruebas sobre la mesa, lleve el caso al tribunal de La Haya", afirmó en la presentación del informe el presidente de la Comisión de Investigación de la ONU para ese país, Michael Kirby.
Como Corea del Norte no es país signatario del Estatuto de Roma, documento fundacional de la CPI, este tribunal no puede iniciar una investigación, sino que debe esperar a que sea requerida por el Consejo de Seguridad de la ONU, una opción poco realista ante el previsible veto de China.
Exterminio, abortos, violencia sexual
Entre los crímenes contra la humanidad documentados de manera precisa y exhaustiva, figuran "exterminio, asesinato, esclavitud, desaparición forzosa, ejecuciones sumarias, torturas, violencia sexual, abortos forzosos, privación de alimento, desplazamiento forzoso de poblaciones y persecución por motivos políticos, religiosos, racionales o de género".
Junto con el informe, Kirby ha remitido una carta al líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, en la que le advierte de que, como máximo responsable de todas las instituciones del Estado, debe asumir su responsabilidad sobre esos crímenes, incluso si no ha participado directamente en ellos.
El presidente de la Comisión indicó que más de un centenar de personas vinculadas al aparato estatal de Corea del Norte podrían estar implicadas en estas "atrocidades indescriptibles".
"La gravedad, escala y naturaleza de esas violaciones de derechos revela que este Estado no tiene parangón en todo el mundo contemporáneo", señaló el presidente de la comisión, establecida por el Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2013.
Aunque no ha conseguido entrar en el país para examinar la situación de primera mano, han contado con 240 testimonios directos de víctimas y testigos, entre ellos 80 supervivientes de campos de trabajo, conocidos como "kwanliso".
Peor que los nazis
Kirby ha comparado las atrocidades del régimen estalinista norcoreano con las cometidas por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. "Algunos de ellos son impresionantemente parecidos", ha señalado Kirby en declaraciones a Reuters.
"Hay testimonios (...) de campos de presos políticos con personas que padecen malnutrición, que realmente mueren de hambre y sus cadáveres son después metidos en tinajas, quemados y enterrados (...). Los demás prisioneros se ocupaban de los cuerpos", ha explicado el exjuez australiano.
Según este detallado informe, entre 80.000 y 120.000 prisioneros políticos están en estos momentos retenidos en cuatro grandes campos de trabajo, donde son privados deliberadamente de alimentos como forma de control y castigo y sometidos a trabajos forzosos.
La peor época de hambruna fue la década de los noventa, cuando la gente llegó a alimentarse de cortezas de árboles, césped y raíces, y en el mejor de los casos, de ratas y serpientes.
Sólo en los cuatro años que van de 1996 a 2000, murieron de hambre en el país entre 600.000 y un millón de personas. "El Estado siempre ha dado prioridad al gasto en armamento militar y a su programa nuclear, incluso en estos periodos de graves hambrunas", afirma.
El informe también constata que el país se estructura en una suerte de sistema de castas, conocido como "songbun", en función de la lealtad al régimen, que condiciona aspectos como dónde vivir, las oportunidades de recibir alimento, educación, encontrar un trabajo o sencillamente, gozar de una vida digna, en incluso, sobrevivir. Además de ser una forma de discriminación por motivos políticos y religiosos, este sistema es una "clara violación" de la libertad de movimiento y residencia.
El informe también llama la atención sobre la situación de mujeres y niñas víctima de tráfico y explotadas sexualmente en el extranjero. Muchas de ellas asumen el riesgo de huir, principalmente a China, a pesar de las altas probabilidades de que sean repatriadas a su país, donde son sometidas a torturas, detenciones arbitrarias prolongadas, e incluso violencia sexual. "Las mujeres repatriadas embarazadas son obligadas a abortar y si tienen hijos, éstos son asesinados", estable el documento.
La Comisión, formada por tres juristas que presentarán su informe ante el Consejo de Derechos Humanos el 17 de marzo, también aporta pruebas de la "total negación" de los derechos de libertad de pensamiento, conciencia, religión, expresión, información y asociación.
En su lugar, existe un potente aparato propagandístico y de adoctrinamiento que garantiza la obediencia ciega al líder e incita al odio nacionalista hacia otros Estados y sus nacionales, especialmente hacia Corea del Sur.