Poco después de que la Fiscalía pida a la Corte Suprema investigar al expresidente Álvaro Uribe por presuntos nexos con paramilitares, el procurador colombiano dijo que no le extrañaba dicho paso porque un proceso contra el expresidente "siempre" fue una condición de las FARC para firmar la paz.
En declaraciones a la emisora RCN Radio, Alejandro Ordóñez –gran crítico de las negociaciones de paz con los terroristas– señaló que "las FARC siempre han colocado como condición la judicialización del expresidente Uribe. Que este anuncio se dé se explica como un cumplimiento y tiene una relación directa con esas exigencias de las FARC", afirmó.
La Fiscalía remitió a la Corte Suprema la documentación pertinente para que el alto tribunal decida si cabe investigar a Uribe por presuntamente colaborar con las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) mientras fue gobernador del departamento de Antioquia (noroeste) entre 1995 y 1997. La solicitud de investigación llega un mes después de que el exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias don Berna, que cumple condena en Estados Unidos por narcotráfico, señalara a Uribe por haber participado indirectamente en la masacre de El Aro, donde fueron asesinados 15 campesinos en octubre de 1997.
Ordóñez, que ha cuestionado en varias ocasiones el acuerdo de justicia transicional que alcanzaron hace casi dos semanas el Gobierno colombiano y las FARC, pidió que ese pacto respete el derecho internacional para que tenga la sostenibilidad jurídica necesaria. En este sentido, sostuvo que el narcotráfico no puede ser conexo a los delitos políticos.
Sin embargo, la Corte Suprema de Colombia ha respaldado esa posibilidad en varios fallos, siempre y cuando esa actividad tenga como fin "financiar organizaciones insurgentes". De aplicarse esta medida, el narcotráfico entraría en la amnistía que el acuerdo de justicia transicional prevé para los delitos políticos. "Nunca el narcotráfico había logrado tanto, ni siquiera con Pablo Escobar", apuntó el procurador, que aseguró que las FARC mantendrán los ingresos que han obtenido por esta actividad y que esa será su fuente de financiación para participar en política cuando se desmovilicen.
El uribismo ve una "persecución"
Por su parte, el partido conservador colombiano Centro Democrático, al que pertenece Álvaro Uribe, consideró una "persecución" la petición de la Fiscalía a la Corte Suprema. "El fiscal quiere meter a la cárcel a los integrantes del Centro Democrático, a la oposición del Gobierno, al mismo tiempo que quiere a los criminales de lesa humanidad en la calle. Castigo para el Centro Democrático y total amnistía e impunidad para las FARC", dijo a Caracol Radio Alfredo Rangel, senador de esta formación opositora.
Rangel añadió que el fiscal mantiene una "campaña de persecución" que, aseguró, ya ha sido denunciada ante instancias internacionales. Para los defensores de Uribe, la solicitud de la Fiscalía pretende afectar a su partido de cara a las elecciones locales y regionales del próximo 25 de octubre, algo que ya apuntó el expresidente tras conocer la petición.