La situación en Guatemala no parece ser diferente del resto de la región en lo que se refiere a la actuación del crimen organizado. Su presencia se nota en gran parte de los sectores de la sociedad y las muertes se cuentan por decenas cada semana.
Ya el pasado domingo, siete personas fueron asesinadas, entre ellas Yolanda Olivares, fiscal de Chiquimula, un departamento al este del país. Las víctimas murieron cerca de la frontera con México tras ser acribilladas en dos vehículos que fueron luego incendiados. En esa zona operan miembros del grupo de sicarios y narcotraficantes mexicano Los Zetas y por esa razón el ministro guatemalteco del Interior, Mauricio López, dijo que todo apuntaba a ellos como los autores de la masacre.
Ahora parece ser que los delincuentes buscan nuevas "competencias" y se han llegado a infiltrar en estamentos judiciales de Guatemala. La revelación la ha hecho la fiscal general de Guatemala, Claudia Paz, quien ha reconocido la existencia del pago de sobornos a abogados del Ministerio de Justicia y ha citado a Los Zetas como principal grupo que ha corrompido al Poder Judicial.
Para ella, la infiltración de algunos miembros de Los Zetas es un proceso "terrible" que puede socavar el Estado ya que "las estructuras del crimen organizado tienen la capacidad de amedrentar o corromper porque tienen mucho dinero". De hecho, ha reconocido que en el atentado contra la fiscal de Chiquimula estuvo involucrada una oficial del Organismo Judicial: "Ella ahora está detenida por participar en el plan".
Como consecuencia de este situación, sólo en 2012, 40 personas del Ministerio de Justicia fueron apartadas por sus lazos con el narcotráfico y según el diario Siglo 21, se ha abierto un proceso disciplinario contra 165 personas por pedir dinero para iniciar trámites ante los tribunales.