Los magistrados del Tribunal Supremo Federal han condenado por mayoría al exjefe de Gabinete José Dirceu, al expresidente del Partido de los Trabajadores (PT) José Genoino y al extesorero del PT Delúbio Soares por corrupción activa, cargo por el que podrían pasar entre dos y doce años en prisión.
La mayoría del tribunal considera a Dirceu como el "cerebro" de la trama corrupta y según el texto de la sentencia del magistrado Gilmar Mendes, el exjefe de Gabinete "tenía un proyecto de poder para ampliar la influencia de su partido político y formar una base aliada". Agrega que "sin lugar a dudas, contribuyó intelectualmente a la configuración del esquema criminal del mensalao (como se conoce a la red de compra de apoyos parlamentarios)".
En cuanto a Genoino, siete de los ocho magistrados del STF determinaron que participó activamente en las negociaciones con los partidos políticos con representación parlamentaria y que se encargaba de gestionar los sobornos. Además, los ocho magistrados condenaron a Soares y aunque Mendes matizó que, a diferencia del exjefe de Gabinete y del expresidente del PT, no era "todopoderoso", apuntó que "no es factible ni creíble que el ex tesorero articulase esta fuente de recursos estatales en solitario".
Al término de la sesión, Mendes advirtió de que quedan "otros tentáculos estatales" del mensalao que todavía están siendo investigados por la administración de justicia. El caso del mensalao se destapó en 2004 cuando la prensa brasileña denunció que el entonces y ahora gobernante PT había comprado favores políticos para obtener apoyos en el Congreso, desviando unos 101 millones de reales (unos 40,5 millones de euros) de los fondos públicos. El PT habría sobornado a los legisladores del Partido Progresista (PP), del Partido Laborista Brasileño (PTB), del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y del Partido Liberal (PL), extinto en 2006 y reconvertido en el Partido de la República (PR).
En las sesiones que se han celebrado hasta ahora, el alto tribunal ha condenado a 25 de los 38 imputados –incluyendo esta última sentencia– por corrupción activa y pasiva, blanqueo de dinero y gestión fraudulenta.
Lula da Silva, que no figura entre los acusados, ha negado en todo momento que supiera que miembros de su partido político y de su Gobierno organizaron semejante trama de corrupción. En medio del escándalo, el expresidente pidió perdón y consiguió la reelección en 2006. Su popularidad se ha mantenido siempre en niveles muy altos.