La Unión Europea cuenta con los mecanismos necesarios para articular la salida de Reino Unido desde que entró en vigor el Tratado de Lisboa en 2009, ya que introdujo en su artículo 50 la posibilidad de que un Estado miembro pida su "retirada voluntaria y unilateral" del club comunitario, para lo que contará con un plazo de dos años.
La clave para iniciar la cuenta atrás es el momento que elegirá el primer ministro británico, David Cameron, para "notificar" formalmente al Consejo europeo la voluntad de Reino Unido de dejar la Unión Europea.
Será esa fecha la que marque el inicio de un periodo de dos años para negociar las condiciones de salida. Los Tratados europeos "dejaran de aplicarse" en el país que ha solicitado su salida a partir del momento en que se produzca el acuerdo o, si no lo hay, "a más tardar en dos años".
Londres podría obtener un periodo de gracia adicional, pero sólo si así lo decide el Consejo por unanimidad.
Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se reunirán los próximos martes y miércoles en una cumbre inicialmente programada para esta semana, pero que fue aplazada unos días para poder reaccionar al referéndum británico.
Pocos esperan que Cameron utilice ese momento para entregar la carta formal que notifique el divorcio, según diversas fuentes consultadas, pero es una incógnita cuándo ocurrirá.
El presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, en una primera valoración tras conocerse los resultados oficiales, ha anunciado una cumbre extraordinaria a Veintisiete, esto es, sin Cameron, en los márgenes del Consejo europeo de la semana que viene. "Estamos preparados para este escenario negativo, no habrá vacíos legales", ha aseverado en una declaración a la prensa.
En cualquier caso, la cláusula de retirada establece que el país que desee abandonar el bloque deberá notificar su intención al Consejo y que será esta institución la que "proporcionará las directrices" para la negociación que establezca las condiciones de salida.
El acuerdo final necesitará la aprobación de los Estados miembros por mayoría cualificada y el visto bueno del Parlamento Europeo.