Quizás a la sexta vaya la vencida. O quizá no... pero el acuerdo presentado este lunes por los "El grupo de los Ocho" (cuatro senadores republicanos y cuatro demócratas) para regularizar a 11 millones de indocumentados que viven en EEUU se presiente como un buen comienzo. De entrada, ha conseguido poner de acuerdo al grueso de ambos partidos, acabando con un período de disensión política y fracasadas negociaciones prolongadas durante casi una década.
Aunque esperanzador, esto no es más que un punto de partida. La reforma migratoria tendrá que afrontar aún muchos trámites antes de votarse definitivamente, lo que con toda seguridad no se hará antes del verano.
Demócratas y republicanos tendrán que pulir aún muchos detalles, y abordar los puntos de fricción un plan que pretende ser algo más que un parche para una regularización. Nadie quiere oír hablar de amnistía. El objetivo es dar un lavado de cara a todo el desfasado sistema, para que, simultáneamente que provee de una salida a 11 millones de personas -latinos en su mayoría- , sea un endurecimiento general que no reproduzca esta situación en el futuro.
Refuerzo de las fronteras
Casi igual de importante que sacar del "limbo legal" a 11 millones de personas, es evitar el temido "efecto llamada" que sitúe al país en la misma situación dentro de otros 10 años. Por eso, una de las bases del acuerdo será un ambicioso plan que garantice la lucha contra la inmigración ilegal. Se reforzará el cierre de las fronteras, aumentando la dotación de personal y equipamiento tecnológico; lo que se traduce en más kilómetros de barreras, torres de vigilancia y guardas fronterizos. Se trata de trasladar el sistema desarrollado en la frontera mexicana durante el mandato de Barack Obama.
Control de visados y deportaciones
Además, se aumentará el control de visados temporales, para evitar que los inmigrantes permanezcan en el país una vez ha finalizado el plazo. Las deportaciones se acelerarán para ellos, pero también para aquellas personas que tengan antecedentes de delitos graves de carácter criminal, y estén en el período de "verificación" del visado. El nuevo plan endurecerá el vigente, que ha cerrado 2012 como el año con más deportaciones de la historia estadounidense.
Inmigración cualificada
Otro de los puntos claves del plan es que EEUU trata de atraer inmigración cualificada, por lo que premiará con una tarjeta de residencia a los extranjeros que hayan obtenido un doctorado en ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas en una universidad estadounidense.
Acceso a la ciudadanía
Los requisitos para acceder a la ciudadanía estadounidense no serán un camino de rosas. Quienes decidan regularizar su situación tendrán que pagar una multa por su acceso ilegal así como los impuestos atrasados. Además, deberán demostrar su plazo de estancia, pasar varias entrevistas, aprender inglés y estudiar lo esencial de la historia y el sistema político estadounidense. El acuerdo contempla que, en cualquier caso, se dará prioridad a la concesión de la ciudadanía a aquellos que han ingresado en el país de forma legal. Durante el período de trámite de su solicitud podrán permanecer en territorio estadounidense, pero estarán exentos de beneficios como la seguridad social o el paro.
Contratación ilegal
Asimismo, el preacuerdo busca acabar con la contratación de mano de obra ilegal por parte de los empresarios. De aprobarse la reforma, las empresas podrán contratar inmigrantes siempre que demuestren que no han podido encontrar a un americano para el puesto, y que "la contratación de inmigrante no ha desplazado a trabajadores americanos". El texto asegura que: "Queremos evitar que con las futuras olas de inmigración se establezca un sistema inhumano. Debemos ayudarles a encontrar un empleo sin buscar la ayuda de traficantes o cárteles de la droga". Está por ver qué ocurre con la industria agrícola a este respecto, a la que se suavizarán, por ejemplo, requisitos como el del idioma.
Ahora comienza la verdadera batalla para que el plan de inmigración no corra la misma suerte que el presentado en su momento por George W.Bush, que fue tumbado por el Congreso. En principio, este plan de mínimos pasará sin mucho apuro el trámite del Senado, pero es en el Cámara de Representantes donde se la juega, dado que los representantes del Tea Party han mostrado importantes reservas al respecto.
Pero algo fundamental ha cambiado: por primera vez, oponerse a la reforma supone más riesgos políticos que apoyarla. Y es que republicanos y demócratas coinciden en algo fundamental: la necesidad de cortejar al voto latino. Para los primeros es casi perceptiva, después de la lección aprendida tras el batacazo de noviembre que puso sobre la mesa la realidad: no volverán a la Casa Blanca sin reconectar con este sector de la sociedad estadounidense. Toca negociar.