La Fiscalía analiza la querella presentada por la organización Abogados por la Constitución contra la alcaldesa Ada Colau, las exconcejales Gala Pin y Laia Ortiz, y Vanesa Valiño, asesora del Ayuntamiento de Barcelona en materia de vivienda y pareja del diputado podemita Gerardo Pisarello.
La denuncia se funda en las supuestas concesiones irregulares de hasta 3,4 millones de euros al Observatori Desc (Derechos económicos, sociales y culturales), una plataforma de la izquierda catalana en la que trabajaron los exconcejales en Barcelona Jaume Asens, portavoz de Podemos en el Congreso, el citado Pisarello, secretario primero del Congreso de los Diputados, así como la propia Colau antes de ser elegida alcaldesa de Barcelona. En el patronato del Observatori figura también Gonzalo Boye, condenado por el secuestro de Emiliano Revilla y abogado de Torra, Puigdemont, Laura Borràs y el narco Sito Miñanco.
A través del Observatori y según detalla la denuncia se habrían desviado fondos hacia otras entidades afectas a los Comunes —nombre de la versión catalana de Podemos— como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca —de la que la propia Colau fue portavoz—, la Alianza contra la Pobreza Energética o Ingenieros sin Fronteras. Asimismo, en el Observatori también está representado el Centro de Derechos Humanos Irídia, que se encargó de defender a Rodrigo Lanza y que es quien está detrás de todas las denuncias por supuestos excesos policiales en Cataluña.
El escrito atribuye a las querelladas la comisión de varios delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. La denuncia destaca también los vínculos laborales que las querelladas mantuvieron con las entidades receptoras de los fondos y el hecho de que las ayudas se hayan concedido sin mediar concurso o presentación de proyectos. Es decir, el dinero fluía de manera habitual pero por procedimientos excepcionales, según apuntó en su día el interventor municipal.
En el equipo de gobierno actual del Ayuntamiento de Barcelona defienden que estas entidades ya recibían subvenciones en los tiempos en los que gobernaba CiU.