Vox ha desvelado que esta misma semana la Junta de Andalucía le ha facilitado la información que solicitaron al Parlamento andaluz para conocer la cualificación de los trabajadores de las Unidades de Violencia de Género. El partido ya denunció que había personal sin cualificar dedicado a elaborar informes sobre supuestos casos de maltrato que después se utilizaron en proceso judiciales que derivaron en condenas.
Según el documento entregado por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración local a Vox, y al que ha tenido acceso Libertad Digital, del total de 29 psicólogos que trabajaron en estos organismos entre los años 2012 y 2019, 12 no están colegiados. En el caso de los trabajadores sociales, de un total de 19 empleados, 7 no tienen esa acreditación. El documento incluye también a 53 médicos forenses de los cuales 18 no están colegiados.
Del total de los Equipos Psicosociales que han prestado servicio a la Junta de Andalucía entre esos mismos años, hay 109 psicólogos de los cuales solo están colegiados 81. Del total de 43 trabajadores sociales, solo 29 tienen la acreditación para ejercer. En cuanto a los equipos dedicados a los procesos de tutela de menores, hay 113 asesores, de los cuales 34 son licenciados en Derecho, 5 diplomados en Trabajo y el resto en Psicología, sobre los que no se tienen los datos de colegiación.
Por todo esto, el partido ya ha registrado una nueva petición de información a la Mesa del Parlamento andaluz con el objetivo de que la Junta les facilite datos referidos a los psicólogos que tienen la habilitación sanitaria y de qué titulación disponen para acreditar esta categoría.
Francisco Serrano aseguraba en 7TV que se trata de un "escándalo" y algo "gravísimo" fruto del "enchufismo" del PSOE. "Lo que no puede ser es que te metas ahí por haber seguido un curso de violencia de género", alertaba el líder de Vox en Andalucía y lo comparaba con un "cirujano que te opera" sin tener la cualificación necesaria.
A esto añadía que "hay magníficos profesionales" y que "no se puede generalizar" pero criticaba que algunos "están haciendo informes de corta y pega", algo que, advertía, "no se puede tolerar". Aseguraba además que no tienen interés en conocer sus nombres y apellidos y que la primera petición que registraron se malinterpretó y fue un error que subsanaron en el segundo registro.