El presidente de Mediapro, Jaume Roures, ha decidido defenderse en TV3 y atacando a la Guardia Civil. Así, en declaraciones en el programa Més 3/24 de la televisión autonómica catalana que recoge Efe dijo estar "sorprendido por el bajo nivel intelectual" de los autores del informe de la Guardia Civil que lo señala como parte del comité ejecutivo del proceso separatista en su condición de profesional experto en los medios de comunicación.
Roures ha afirmado que el informe contiene "conexiones y explicaciones que ni los niños harían"y lo ha relacionado –"alguna cosa tiene que ver", ha dicho– con dos documentales producidos por Mediapro y que fueron emitidos por TV3, uno sobre el referéndum del 1-0 y otro sobre Las cloacas del Estado.
Según Roures todo el informe se basa en "deducciones" porque "argumentos no hay" y también se ha mostrado sorprendido por el hecho de que se le vincule con "el abuelo" en algunas de las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil. "No soy abuelo, aunque podría serlo", ha dicho.
Los investigadores de la Guardia Civil han remitido un informe al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en el que incluyen tres llamadas telefónicas que "corroboran" que la Generalitat contó con el soporte de medios de comunicación privados "y en especial del empresario Jaume Roures Llop" para movilizar a la sociedad catalana.
Mediapro defiende a Roures
El grupo audiovisual Mediapro califica como "un atentado contra la libertad de creación, expresión y pensamiento" el informe de la Guardia Civil que sitúa a su presidente, Jaume Roures, como posible integrante del "comité ejecutivo" que dirigía el proceso independentista.
Según destaca el grupo audiovisual en un comunicado, el informe, remitido al juez del Supremo Pablo Llarena, adjunta un DVD con el documental "1-O", producido por esta compañía, "como prueba de la implicación de Jaume Roures y Mediapro en la conspiración para proclamar la independencia de Cataluña".
En este sentido, Mediapro considera "extraordinariamente grave y un insólito ataque a las libertades de creación, información y pensamiento que la producción de un documental sea considerado por la Guardia Civil una prueba delictiva".
"Dichas libertades -continúa la nota de Mediapro- contempladas en la Constitución, amparan a cualquier ciudadano y exigimos que sean respetadas también para los profesionales que realizaron '1-O', atendiendo al evidente interés informativos de los hechos ocurridos el 1 de octubre de 2017".
Para Mediapro, "criminalizar el documental y su contenido es un intento claro de acallar" las voces de las personas que participaron en el referéndum del 1 de octubre, mientras destaca que la emisión de "1-O" registró un récord de audiencia, con más de 1.100.000 espectadores en TV3 y una cuota de pantalla del 34'4%.
Mediapro "tampoco entiende que se pueda considerar un delito la organización de un centro de prensa para acoger a los medios de comunicación desplazados a Barcelona con motivo del 1 de octubre, y ofrecer estas instalaciones a todas las partes implicadas", y recuerda en el comunicado que sólo la mitad de las comparecencias correspondieron a miembros del Govern.
Resalta además que este centro organizado por el grupo audiovisual "acreditó a más de 400 periodistas de 150 medios de hasta 33 países de todo el mundo", entre ellos las principales agencias internacionales, como AFP, Reuters o Associated Press, televisiones como BBC, Sky, RAI, Channel One, France 24, ARD TV o Al Jazeera, y destacados medios como The Wall Street Journal.