El Ejecutivo protestó con firmeza tras más de 48 horas de "acoso" contra "todo aquél que se opone" al referéndum ilegal en Cataluña. En varias ocasiones, su portavoz se refirió a las protestas como "manifestaciones tumultuarias" y relató las presiones a alcaldes, jueces o miembros de las fuerzas de seguridad. Citó expresamente el caso de la familia de Albert Rivera. Casi al mismo tiempo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentó una denuncia por sedición por los altercados de Barcelona. "Este Gobierno va a hacer cumplir las leyes", afirmó Íñigo Méndez de Vigo, reiterando que el presidente no descarta ninguna herramienta constitucional para conseguirlo.
En su intervención inicial, el portavoz no hizo ninguna apelación al diálogo con el Gobierno catalán, después de que el jueves un batallón de ministros, incluido él mismo, abogaran "por hablar" dentro de la ley poniendo encima de la mesa propuestas concretas. Ya en el turno de preguntas, a Méndez de Vigo le preguntaron expresamente por la oferta de Luis de Guindos de "más dinero y autonomía fiscal" para la comunidad y dio a entender que no es el momento. El mensaje que quiso transmitir era de contundencia.
Ante las marchas "tumultuarias", incluso alrededor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, confirmó el desplazamiento de "diferentes unidades de refuerzo" de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Si bien, precisó que el Ejecutivo "no desconfía de los Mossos" y los nuevos agentes irán a ayudar a las fuerzas de seguridad ya presentes en la comunidad. De hecho, incluyó a la policía autonómica y a la guardia urbana como parte de los "amenazados" por los independentistas radicales.
Además, Méndez de Vigo informó de que se ha dirigido a la Alta Inspección de Educación para que abra un informe sobre la movilización de escolares para participar en concentraciones y actos de apoyo al referéndum. "La labor de los profesores no es el adoctrinamiento" ni coger " a unos niños de poca edad y llevarlos a manifestaciones", denunció el también responsable de la cartera de Educación.
"Estamos preocupados por la tensión en Cataluña", reconoció Méndez de Vigo, en la que dio por imposible la celebración de la consulta ilegal. "No hay urnas, no hay papeleas, no hay interventores ni apoderados", expuso, para a renglón seguido enfatizar que "nadie está por encima de la ley" y el Estado seguirá actuando en los próximos días. "Todos somos responsables de nuestro actos", añadió, en una clara advertencia a los promotores del 1 de octubre.
Ante la pregunta de si se aplicará el artículo 155 de la Constitución, Méndez de Vigo respondió una vez más que Mariano Rajoy "tiene previstos todos los escenarios" y no descarta absolutamente nada. Y, sobre el pretendido diálogo, acusó a Carles Puigdemont de ser el que cierra las puertas. "El Gobierno no ha recibido ninguna respuesta positiva" pero "estamos dispuestos a hablar de lo que se puede hablar", afirmó. "Mi opinión es que será después del 1-O", contestó en relación a la comisión planteada por el PSOE para abordar el modelo autonómico.
Algunos cargos del PP se revolvieron ante las ofertas de diálogo del Gobierno en pleno periodo de tensión en las calles. En esRadio, Esteban González Pons fue clarísimo: "No hay que dar nada y menos cuando el chantaje está encima de la mesa", se quejó. "Mientras te están chantajeando no te puedes sentar a negociar con el chantajista", añadió el portavoz del PP en el Parlamento catalán. "De un delito jamás se puede obtener una ventaja", remató.