Mariano Rajoy seguirá auxiliando económicamente a Cataluña, pero tratará de controlar al máximo las cuentas del Gobierno catalán. Lo denominan en Hacienda "medidas adicionales de control" después del portazo de Oriol Junqueras y serán aprobadas en el Consejo de Ministros de este viernes. "Lo que ha pasado es muy grave", avisan en Moncloa.
Cristóbal Montoro recibió el miércoles por la tarde la misiva de Junqueras y este jueves se ha reunido la comisión delegada para asuntos económicos, pese a que no figuraba en la agenda pública. El máximo órgano económico del Ejecutivo ya ha decidido las medidas a tomar, que serán explicadas este viernes al término del Consejo de Ministros.
Para empezar, el presidente ha ordenado mantener el Fondo de Liquidez Autonómico, que permite entre otras cosas el pago a proveedores, según las fuentes consultadas.
La respuesta de Hacienda afectaría a los presupuestos en sí de la Generalidad. En la práctica, se asumirá el control de los pagos. Una intervención de la que todavía se desconocen prácticamente todos los detalles aunque el departamento de Hacienda explica que lo que se podría hacer a partir de ahora es "pagar directamente" sin utilizar como intermediario a la Generalidad.
En este sentido, Hacienda explica que una parte de los presupuestos del Gobierno catalán llegan de recursos propios y otra de estatales. Y, ante la negativa de informar sobre los gastos, se activaría una fase de intervención. "No vamos a dejar de pagar cosas básicas", quisieron aclarar fuentes del Ejecutivo.
Según informa Europa Press, el Gobierno podría recurrir a la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que en su día contó con el voto favorable de CiU en el Parlamento.
Esta norma contempla incluso que, "cuando resulte necesario", las competencias normativas que se atribuyan a las Comunidades Autónomas en relación con los tributos cedidos pasen a ser ejercidas por el Estado. Así figura en el artículo 26.1 de la Ley:
"(…) el Gobierno, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, adoptará las medidas necesarias para obligar a la Comunidad Autónoma a su ejecución forzosa [de las decisiones contra el déficit que el Estado pida a las autoridades autonómicas]. Para la ejecución de las medidas el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de la Comunidad Autónoma".
Antes del portazo de Junqueras, la vicepresidenta avisó de que al Gobierno no le temblará "el pulso" a la hora de cumplir la ley y negó conversaciones discretas para tratar de reconducir la situación. "Si el señor Puigdemont quiere un diálogo, debería reponer todo al momento inicial en que desobedecieron la ley y dar marcha atrás absolutamente en todo", exigió Soraya Sáenz de Santamaría, en una entrevista en Telecinco.