El Gobierno está en "alerta" y "preparado" para dar respuesta a la amenaza separatista. Los ministros esperan ser convocados a un Consejo extraordinario para presentar de inmediato un recurso ante el Tribunal Constitucional. Antes de la cita del Parlamento catalán, y de que los acontecimientos previsiblemente se precipiten, Mariano Rajoy ha recabado el apoyo de Pedro Sánchez y de Albert Rivera, con los que mantendrá una interlocución "constante" en los próximos días. "Vamos a preservar la unidad de España", en palabras del presidente. La duda estriba en qué medidas tomará el Ejecutivo si la vía judicial no es suficiente.
Más allá de acudir al Constitucional y de que se inhabilite a los implicados, existe cierto consenso entre Rajoy, Sánchez y Rivera de que hay que impedir que se coloquen las urnas en los colegios electorales el 1 de octubre, según las fuentes consultadas. Si el Gobierno catalán intenta colocarlas, según Soraya Sáenz de Santamaría, "ya se encargarían las autoridades correspondientes de impedir que se pusieran".
Preguntado por dicho extremo, el líder socialista contestó este martes en un desayuno informativo: "Ante un hecho ilegal, el Estado debe garantizar la legalidad. Y ahí me voy a quedar". Por su parte, el líder de Ciudadanos fue bastante más claro tras su despacho con el presidente: "El 9-N, en Cataluña, hubo un vacío. Ni la Fiscalía impidió que se abrieran colegios, ni se impidió que se utilizara dinero público ni el Gobierno hizo nada. Espero que el Gobierno no permita esta vez la consulta". "Lo importante es que las urnas no lleguen a colocarse, que se impida antes", en palabras de un miembro de la dirección del PP catalán.
Sobre la fórmula para retirar esas urnas, el Gobierno guarda silencio. "No le voy a contar a Puigdemont lo que voy a hacer. Es mejor que la estrategia quede a buen recaudo", afirmó la vicepresidenta el lunes en laSER. Si bien, en privado, algunos altos cargos de la Moncloa sugieren la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, extremo que el PSOE podría aceptar. Ciudadanos, que en su día rechazó la utilización del artículo 155, ya no descarta nada. "En sus manos está lo que pueda pasar en las próximas fechas", avisó el propio Rajoy, en relación a las formaciones separatistas.
El presidente hará todo lo posible para no perder el apoyo del PSOE y Ciudadanos. En especial, el de Sánchez. Por eso, razonaron desde su entorno, no ha puesto pegas a la creación de una comisión sobre el modelo territorial. "Lo importante es que ahora estemos juntos", subrayaron. De hecho, en Moncloa no se descarta incluir al Congreso en sus planes de respuesta a Puigdemont, para que todas las formaciones queden retratadas y el Ejecutivo actúe con el respaldo de la gran mayoría de la sede de la soberanía nacional.
A horas de la posible aprobación de la ley de referéndum y de su convocatoria, un alto cargo del PP catalán resumía así la situación: "Esto es una locura. No sabemos al 100% lo que va a ocurrir en el Parlament". A última hora de la tarde, se convocaba otro pleno extraordinario el viernes. Con independencia del momento en el que Puigdemont dé el paso, la intención del Gobierno es tramitar el recurso al TC entre la admisión a trámite de la ley y la votación y, después, se baraja la comparecencia del presidente. "Los españoles, incluidos los catalanes, tienen que tener claro que el Gobierno no estará desaparecido", según las fuentes consultadas.
"Haremos cumplir la ley sin levantar la voz y sin entrar en ningún enfrentamiento estéril", afirmó Rajoy hace pocos días. El Gobierno, y en esto coincide también con PSOE y Ciudadanos, considera que para evitar el "victimismo" de los independentistas hay que evitar "caldear el ambiente". "Rajoy no se dejará llevar por impulsos, ya lo ha demostrado antes, por ejemplo con el tema del rescate", según la dirección nacional del PP. "Cabeza fría", zanjan en Moncloa. La interlocución con la Generalidad es prácticamente nula desde los días posteriores a los atentados terroristas.