La situación económica del PDeCAT es crítica. Las investigaciones sobre el 3% han debilitado a un partido que se ha quedado con la mitad de militantes –de catorce mil pasó a siete mil en la refundación– y que ya no dispone de la entrada regular y masiva de dinero cuyo origen ilegal ha quedado al descubierto en el curso del juicio por el caso del Palau de la Música. La plantilla se ha reducido al mínimo, con despidos de chóferes, secretarias y asesores, y los que quedan cobran con retrasos.
En ese contexto, el partido ha lanzado una campaña de recogida de donativos para pagar las multas y los gastos judiciales (costas y abogados) de Artur Mas, Irene Rigau, Joana Ortega y Francesc Homs, inhabilitados durante dos años por la organización del referéndum del 9 de noviembre de 2014.
Los sueldos de Mas y Rigau
Se da la circunstancia de que Artur Mas, a pesar de su condena, cobra un sueldo público de más de 100.000 euros en su condición de expresidente autonómico y dispone de despacho, escolta, automóvil con chófer, secretaria y funcionarios a su disposición. Irene Rigau también cobra del erario en calidad de diputada autonómica, puesto que en su caso, el recurso al Tribunal Supremo suspende la ejecución de la sentencia.
Y si sobra dinero...
El partido justifica su campaña no sólo para ayudar económicamente a los afectados, sino que trata de apelar a sentimientos menos crematísticos y afirma que el propósito "es enviar el mensaje a las personas inhabilitadas de que no están solos en estos momentos y que su actuación respondió al deseo mayoritario de la sociedad catalana". En el caso de que sobre dinero, el PDeCAT alega que se empleará en asistir a los miembros de la Mesa del Parlament que están siendo investigados.