El PP y el PSOE han culpado a los grupos parlamentarios de Unidos Podemos y de Esquerra Republicana (ERC) de que el Congreso no haya podido aprobar este martes una declaración institucional sobre Venezuela tras el golpe de estado que ya es popularmente conocido como el madurazo.
Según han informado fuentes socialistas, tanto Unidos Podemos como ERC negaron la unanimidad que requieren las declaraciones institucionales que se aprueban en el Pleno de la Cámara.
El texto que habían planteado los socialistas expresaba la "profunda preocupación" de la Cámara por la evolución de la situación en Venezuela, exigía la liberación de todos los presos políticos, lo que sin citar ya incluía a Leopoldo López, cuya excarcelación no ha sido apoyada por Podemos en otras instituciones.
Pero la propuesta del PSOE también exhortaba a las autoridades venezolanas a respetar "un calendario electoral que permita la celebración de las elecciones transparentes previstas por el ordenamiento jurídico y constitucional", otra reclamación que la formación morada no considera apropiada para un texto de este tipo.
Además, la frustrada resolución apostaba por un diálogo urgente e inclusivo y por medidas para promover la democracia, el diálogo y el reencuentro entre los venezolanos como única vía de solución para la "grave situación" del país.
Por su parte, el portavoz de Asuntos Exteriores del Grupo Popular, José Ramón García Hernández, ha lamentado que Podemos no haya querido condenar los últimos hechos acaecidos en Venezuela, "que se llevan por delante el último rescoldo de democracia que quedaba en aquel país".
Según ha explicado, los grupos estaban llegando a distintos puntos de consenso, pero al final han topado con "la oposición de Podemos a querer condenar las últimas decisiones del régimen de Venezuela".
"Podemos no es la primera vez que se niega a condenar las violaciones de derechos humanos que lleva a cabo el régimen venezolano –ha recordado–. Persiste en su negativa, pero este momento es de extraordinaria gravedad, ya que el Parlamento de Venezuela se prohibió por una decisión sin precedentes del Tribunal Supremo que quiebra la separación de poderes, esencial en cualquier régimen democrático".