El Gobierno insiste en que no le temblará la mano. La maquinaria del Estado se activará en caso de ilegalidad, según responden al más alto nivel. Esto es, se impedirá la celebración de un referéndum en Cataluña. "Huyen hacia delante" y los ciudadanos "no les siguen detrás", trasladó Soraya Sáenz de Santamaría a las formaciones políticas que sustentan al Gobierno autonómico, en la sesión de control al Gobierno en el Senado. Poco después, también en sesión plenaria, María Dolores de Cospedal recordó el mandato de las fuerzas armadas de salvaguardar la integridad territorial.
Sea como fuere, la vicepresidenta volvió a apelar "al diálogo, la moderación y la estabilidad", aunque los rifirrafes en la Cámara Alta están siendo durísimos semana tras semana con el pulso separatista monopolizándolo prácticamente todo. En esta ocasión, Josep Lluís Cleries, de la antigua Convergencia, acusó al Ejecutivo de intentar "destrozar" el sistema sanitario catalán, no cumplir con la ley de dependencia o dejar abandonadas las infraestructuras ferroviarias. "Queremos un Estado propio para garantizar una economía productiva y un estado del bienestar sostenible. Esto, con ustedes, no lo veremos nunca", espetó, acusando al Estado de obligar a la región "a servir" al resto de España.
Santamaría le contestó con datos. Sacó a colación los 60.000 millones del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) en un momento en el que "Cataluña tenía cerrado los sistemas financieros" y recordó los "11.200 millones de euros" en cinco años para infraestructuras. "Vamos a hablar de realidades", elevó el tono la vicepresidenta, que aseguró que Carles Puigdemont no tiene "ni apoyo social ni cobertura internacional" ante su intención de sacar las urnas a la calle. "No conozco departamento de exteriores más ineficiente con su gasto que el de la Generalitat", afirmó.
Una vez más, la número dos del Gobierno acusó al líder autonómico de echarse en los brazos de las CUP. "Quieren silenciar al propio Parlament", denunció, ante los últimos movimientos de la Cámara autonómica. "Habitan en una realidad paralela confundiendo sus intereses con los anhelos de Cataluña", sentenció, ante la petición de Cleries de un referéndum para conseguir "un Estado propio".
La ministra de Defensa no se refirió expresamente a la posible celebración de la consulta, pero aprovechó una pregunta de ERC sobre las maniobras del Ejército en Cataluña para dejar claro por dos ocasiones que una de las obligaciones de las fuerzas armadas es evitar la fractura de España. Fue clarísima. "Las fuerzas armadas tienen una misión constitucional" que es "defender la soberanía nacional y la integración territorial", destacó. Y, ante las protestas de Jordi Martí Deulefue, recordó que el Estado tiene "la competencia exclusiva" en materia militar "y la va a ejercer", por lo que las maniobras seguirán en la comunidad. "El Gobierno no impone nada, es su competencia", remató Cospedal.
Por su parte, desde el PP, Andrea Levy, la voz más autorizada de la dirección nacional sobre Cataluña según Génova, enfatizó que Mariano Rajoy "impedirá cualquier ilegalidad" y responderá "con la ley y con el Estado de derecho". "Estamos muy atentos a los procedimientos parlamentarios e impediremos cualquier ilegalidad" por lo que "los independentistas van a tener los planes muy cortos si lo que quieren es llevarnos a ilegalidades", se reafirmó Levy. Eso sí, una vez más, ni en el Gobierno ni en el PP quisieron mentar el artículo 155 de la Constitución. Lo más que se dijo, en su día, es que no se descartan medidas coercitivas.