El juicio a Artur Mas, la exvicepresidenta de la Generalidad Joana Ortega, y la exconsejera de Educación Irene Rigau ha quedado visto para sentencia. La acumulación de pruebas en torno a la desobediencia y prevaricación, delitos por los que se les juzga, es abrumadora. Ha quedado acreditado que la Generalidad puso las urnas, los ordenadores, los centros de votación (con la colaboración de los ayuntamientos que no disponían de institutos públicos), todos los programas, la infraestructura, el "hardware", el "software", los técnicos y cualificados "voluntarios" que a su vez eran funcionarios de confianza o altos cargos de los departamentos autonómicos indispensables para la celebración del referéndum. Y también que tuvo tiempo más que suficiente desde la meridiana orden del Tribunal Constitucional de 4 de noviembre para suspender el referéndum del 9 de noviembre de 2014. Pero no sólo no lo hizo, sino que intensificó los preparativos, se jactó de ello y aún a día de hoy presume del gran éxito de participación.
El argumento más consistente de la defensa es que ni el Gobierno ni la fiscalía hicieron nada por impedir la consulta, que se prolongó en edificios de la Generalidad hasta el 25 de noviembre. Y ahí es donde ha hurgado Artur Mas, que ha resultado más convincente que su propio abogado, Xavier Melero, a la hora de justificar su actuación. Según el expresidente de la Generalidad, llegó un momento en el que "los voluntarios no aceptaban órdenes" y que él dijo en público que el "proceso participativo" del 9-N "no era legal ni vinculante".
Tras el anuncio del propio Mas el jueves de que utilizaría su derecho a la última palabra para expresarse "con total libertad", se esperaba en la sala noble del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) una auténtica exhibición de desobediencia activa, pero no ha sido el caso. Mas ha aprovechado el turno para dar las gracias a todo el mundo, incluido el fiscal por su profesionalidad, y alegar que en su ánimo no estaba desobedecer al TC sino "plantar cara al Gobierno". Está "convencido de no haber cometido ningún delito". Todo ello no fue óbice para que descalificara el sistema judicial y la democracia en España.
Trato judicial de "VIP"
En una situación casi sin precedentes, el presidente de la sala y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, permitió que Mas divagara sobre el supuesto incumplimiento por parte del Gobierno de sentencias del Constitucional y dijera que "si estamos aquí no es por ningún delito sino por el éxito del 9-N", sobre cuyo carácter "cívico" y "pacífico" insistió en varias ocasiones.
Sólo hacia el final de su intervención el juez se permitió amonestar a Mas. Fue cuando el expresidente intentó utilizar el pasaje del fiscal Emilio Sánchez Ulled sobre el encargo de la fiscal general Consuelo Madrigal de que fuera estricto y riguroso. Mas pretendió invertir el sentido de la cuestión y convencer al tribunal de que ese episodio era una prueba de la persecución fiscal a la que supuestamente se le ha sometido y el sesgo partidista del ministerio público, pero el sofisma ya era de tal calibre que Barrientos tuvo que explicar a Mas que su derecho a la última palabra se limitaba a los hechos objeto de la vista. No obstante, acabó por largar el mensaje: "Que una fiscal general tenga que advertir a un fiscal de que sea imparcial habla de cómo está la justicia en España".
También tomaron la palabra Joana Ortega e Irene Rigau. La primera afirmó que no podían dar la espalda a "la voluntad del pueblo de Cataluña". Rigau, por su parte, se atribuyó un activismo político antifranquista y afirmó que "si el franquismo no me depuró ¿me va a inhabilitar la democracia?".
Prórroga en la Generalidad
Tras dar por finalizado el trámite el juez Barrientos, continuó el juicio paralelo en el Palacio de la Generalidad. La primera jornada del juicio del 9-N en el TSJC, el pasado lunes 6 de febrero, miles de personas se manifestaron a favor de los acusados. Fue un espejismo, flor de un día, de modo que los convergentes han reorientado su estrategia de la "revuelta de las sonrisas" hacia el ámbito institucional. El sucesor de Mas, Carles Puigdemont, recibió a Mas, Ortega y Rigau en la sede de la Generalidad. Dio las gracias a Mas por representar a los dos millones de votantes largos del 9-N y le cedió la palabra para otra insólita declaración "institucional" de un expresidente de la Generalidad que reiteró su discurso en sede judicial, pero más suelto, al punto de citar a Julio César y decir "alea jacta est", pero que "en el caso de que nos condenen deben saber que a la única condena a la que temo es a la de sentirme culpable". "Como no es el caso; lo volveríamos a hacer", remachó.
En el turno de preguntas, Mas arremetió veladamente contra ERC y la CUP por no haberle prestado apoyo a fin de primar sus intereses políticos, circunstancia a la que atribuyó su decapitación por parte de la CUP.
¿Quién es el actual 'president'?
En la Generalidad, Mas y Puigdemont comparecieron en dos atriles iguales con el fondo de dos banderas autonómicas. Con traje y corbata oscuros, camisa blanca y el pin del escudo de la Generalidad, ambos parecían el presidente de la Generalidad en ejercicio. Ha comenzado la precampaña de Mas, que ha combinado una estrategia jurídica con una táctica política que le permita mantenerse en la carrera electoral.
Frente a las pruebas irrefutables de la Fiscalía, que incluyen la asunción de los hechos por parte de los acusados, opera el argumento de la defensa de que el Estado no hizo absolutamente nada para que se cumpliera el requerimiento del Constitucional. Pero cabe recordar que ninguno de los acusados arriesga penas de prisión, sino de un máximo de diez años de inhabilitación. Si resultaran condenados a diez años o cinco meses, un recurso suspendería provisionalmente la inhabilitación y permitiría a Mas cumplir con su deseo de presentarse a las próximas elecciones a la Generalidad y ajustar cuentas con el líder de ERC Oriol Junqueras y con la CUP.
Separatismo fracturado
El separatismo está dividido Que Mas haya reconocido al tribunal y agradecido el respeto del presidente de la sala sulfura a los antisistema de la CUP y alienta a ERC, que se presenta como una alternativa tan pragmática como la de Mas, pero históricamente separatista y sin casos graves de corrupción política que tapar. Su condenado más notable era un contrabandista de tabaco que llegó a consejero autonómico. Nada que ver con el clan Pujol, sus secuaces y el monto económico del sistema 3%.
El próximo acontecimiento judicial, el 27 de septiembre en el Tribunal Supremo. Se juzga a Francesc Homs por lo mismo, el 9-N del 14. En aquella época, el diputado del grupo mixto en el Congreso era consejero de Presidencia y portavoz del ejecutivo autonómico catalán.
Mesías y Moisés, Jekyll & Hyde
Mas ha mostrado sus dos caras. En el juicio ha sido Mas ha sido el doctor Jekyll, nada que ver con que presidente regional que presumía de "astucia" para burlar al Estado y de montar "estructuras de Estado" para proclamar la república catalana. Fuera de la sala ha mostrado la cara mister Hyde, la del líder que acata el mandato del Parlament. En su sermón de las Siete Palabras en el TSJC, el president se creía el Mesías. Luego, en la Generalidad, se supuso Moisés, el guía del pueblo elegido. La historia continuará en el Supremo.