Mal día para el separatismo catalán en pleno juicio a Artur Mas y sus consejeras por la consulta ilegal del 9-N. Por un lado, Vidal podría tener problemas legales; por otro, la ANC los tiene económicos, y de envergadura.
Por lo que respecta al primero: un juez de Barcelona investiga una denuncia por revelación de secretos que un particular ha presentado contra el exsenador de ERC, por las conferencias en las que mantuvo que el gobierno catalán había obtenido ilegalmente datos fiscales de los catalanes.
Según la información del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de la que se hace eco Efe, el titular del Juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ha acordado admitir a trámite la denuncia contra Santi Vidal que un particular presentó el viernes 27 de enero en los juzgados de guardia de la capital catalana. En la denuncia se le acusa de un delito informático y de otro de revelación de secretos.
Diligencias de la Fiscalía
La investigación que ha abierto el Juzgado número 13 de Barcelona transcurre en paralelo a las diligencias que, el mismo 27 de enero pasado, abrió la Fiscalía Superior de Cataluña para indagar, a raíz de las manifestaciones de Vidal, si el gobierno catalán cometió un delito de descubrimiento y revelación de secretos al apoderarse ilícitamente de datos fiscales reservados.
No obstante, en el caso de que el objeto de ambas investigaciones sea el mismo, el ministerio público debería dejar las diligencias en manos del juzgado de instrucción, al estar el asunto ya bajo tutela judicial, según han informado a Efe fuentes judiciales.
Las diligencias del ministerio público se centran también en averiguar si la Generalitat elaboró informes relativos a la ideología de los jueces que ejercen en Cataluña, como apuntó en sus conferencias el exsenador de ERC.
Para el ministerio público, las manifestaciones vertidas por Vidal "sugieren la existencia de comportamientos que, de confirmarse, podrían suponer la comisión de diversos hechos delictivos", entre ellos el "apoderamiento ilícito" de datos reservados o la elaboración de informes sobre la "afinidad ideológica" del colectivo de jueces que ejercen en Cataluña.
La investigación del ministerio público no tiene como objeto, de momento, al exsenador de ERC, sino que se ciñe a las supuestas irregularidades que puedan haber cometido los miembros del gobierno catalán.
ANC: 246.000 euros de embargo por una sanción
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, ha anunciado que el "Estado español", a través de Hacienda, ha embargado a la entidad independentista un total de 246.559,13 euros por una sanción de Protección de Datos.
Este anuncio se produce después de que dos entidades soberanistas, la ANC y Òmnium Cultural, fueron multadas por abuso de datos ideológicos, según el criterio de la Agencia de Protección de Datos, una sanción que avaló la Audiencia Nacional.
En concreto, la ANC y Òmnium impulsaron en 2014, antes de la consulta soberanista del 9N del 2014, una macroencuesta en la que voluntarios de estas entidades visitaron domicilios particulares en Cataluña para recabar datos sobre el apoyo ciudadano a la independencia.