El Ejecutivo se mantuvo en sus trece y volvió a tender la mano a Carles Puigdemont al tiempo que exigió el cumplimiento de la ley. Fue Soraya Sáenz de Santamaría, clave en las relaciones entre la Moncloa y la Generalidad, la encargada de transmitir el mensaje gubernamental a pocas horas de que Artur Mas tuviera que dar la cara ante la Justicia por el 9-N. "La vida de los ciudadanos no se paraliza por los procesos que afectan a sus gobernantes", declaró, para a renglón seguido justificar el diálogo. "No es una operación, es una convicción", remachó. "La manifestación -de apoyo a Mas- era sobre todo de cargos públicos. La Cataluña real a esa hora estaba trabajando", añadió Pablo Casado, el vicesecretario de comunicación del PP.
La vicepresidenta confió en que termine imperando "el sentido común" y se acogió a la fórmula del "diálogo dentro de la ley" que lleva por bandera. Así, instó al Gobierno catalán a respetar y colaborar con la Justicia y, al tiempo, afirmó que son muchos los asuntos sobre los que pueden llegar a acuerdos, como por ejemplo en infraestructuras o financiación autonómica. En este sentido, Santamaría anunció que, aunque Cataluña no nombre un representante para el grupo de expertos que ha de diseñar el nuevo modelo de financiación, el Ejecutivo "no obviará" a esa comunidad.
"En este mundo uno tiene que ser coherente y si alguno considera que, amparándose en la ley pueden existir esas manifestaciones, lo que debe hacer es respetar esa ley cuando le imponen obligaciones como gobernantes o determinadas consecuencias jurídicas cuando no la cumple", subrayó Santamaría, en concreto sobre el procedimiento judicial en el que Mas está implicado. "En España no se juzga a nadie por sus ideas políticas. Hoy –este lunes– se juzga a un dirigente por haber desobedecido una decisión del Tribunal Constitucional y porque nadie está por encima de la ley", destacó Casado, que compareció en rueda de prensa en la sede nacional del PP, al término del Comité de Dirección.
La pasada semana, Moncloa no descartó medidas coercitivas para impedir el referéndum secesionista aunque, públicamente, rechazó dar detalles sobre su posible respuesta y enfatizó que, con independencia de ello, trasladará hasta el final su disposición al diálogo. "El Gobierno es de todos los españoles, también de los ciudadanos de Cataluña, y tiene proyectos en Cataluña y los va a seguir poniendo en marcha", en palabras de Santamaría.