Mariano Rajoy actuará de forma "proporcionada" en caso de que el Gobierno catalán termine dando el paso y convoque el referéndum ilegal. "Es absurdo que alguien pueda decir que algo que es ilegal se pueda celebrar. Eso no tiene sentido", afirmó el presidente al término de la primera sesión de control al Gobierno de 2017, en la que Joan Tardá insistió en que la consulta se hará con o sin el plácet de la Moncloa. "No habrá referéndum", repitieron al unísono ministros y altos cargos del PP, que reconocieron su "preocupación" por las provocaciones separatistas. "Firmeza y diálogo", resumió Soraya Sáenz de Santamaría, que este viernes volverá a estar en Barcelona.
Una firmeza en el discurso que, por primera vez, fue acompañada de posibles medidas de actuación. En concreto, el Ejecutivo informó de que Presidencia, Interior, Justicia y Educación tiene previsto planes de acción en caso de que Carles Puigdemont cruce "la línea roja". Y, en esta respuesta, no se descartan "medidas coercitivas", por ejemplo para evitar que abran los colegios y se pongan las urnas en las mesas. Esto es, la utilización de las fuerzas de seguridad para impedirlo. Tampoco se rechaza tomar el control de la consejería de Educación. "Será una respuesta proporcionada" pero "lo planeado ahora no tiene nada que ver con lo ocurrido en 2014", según la Moncloa.
En la consulta de 2014, el Gobierno se limitó a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional pero permitió que se colocaran las urnas. El argumento del Ejecutivo es que "estaba convocada por asociaciones independentistas sin un Gobierno detrás dando soporte", aunque después -admitieron- se demostró que se usó dinero público para ello. Ahora, insistieron, la Generalidad va de cara y está diseñando una ley de desconexión, por lo que la respuesta ante el Alto Tribunal podría quedarse corta.
Sea como fuere, públicamente, ni Rajoy ni Santamaría verbalizaron su posible plan, aunque en las últimas horas se estén mostrando mucho más contundentes. Y absolutamente nadie osó mentar el artículo 155 de la Constitución, aunque el equipo de la vicepresidenta precisó que, cuando ella menta la Carta Magna, "está refiriéndose a todas las posibilidades de actuación, incluida esa". En concreto, el 155 dice: "Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general".
Así las cosas, este miércoles, por segunda vez en menos de 24 horas, el presidente advirtió a Puigdemont de que no dejará que se celebre el referéndum. Y, a coro, Santamaría y Rafael Catalá repitieron el mismo mensaje. "La respuesta va a ser el respeto al mayor consenso político y social de toda Cataluña y de España, que es la Constitución española, que ampara nuestra democracia, los derechos de todas las personas y que pone freno a los abusos de los gobernantes", en palabras de la vicepresidenta, que reclamó a Puigdemont que se aleje de las CUP y apueste por "la moderación" del Gobierno central.
Se mantiene el diálogo
A partir de ahí,y ante el enorme revuelo generado, el Gobierno también quiso dejar bien claro que su mano seguirá tendida y ofrecerá sin descanso diálogo para reconducir la situación. A ojos de Moncloa, ambos mensajes -firmeza y negociación- son compatibles, como ya publicó este diario este mismo martes. "El diálogo continuará pero no sobre el referéndum", destacó Santamaría en charla informal con periodistas, al término de su despacho con Inés Arrimadas, de Ciudadanos. Un encuentro en el que no se abordaron las posibles medidas para evitar un nuevo 9N, tal y como confirmó la propia Arrimadas. "No que creo haya que llegar a esa situación, todo se puede evitar de manera más razonable antes", aseveró la líder de la oposición en la región, informa Mariano Alonso.
En Moncloa se vivieron momentos de nerviosismo al comprobar el impacto de sus posibles medidas y, oficialmente, el número dos de Santamaría negó que exista "un documento" con el detalle de las medidas a tomar. "Haremos cumplir la legalidad vigente. El referéndum no se va a celebrar y, a cada paso que se dé en contra de la ley, el Gobierno dará otro paso para cumplir la ley", expuso Rodrigo Bermúdez de Castro. "No podemos hablar de lo que vamos a hacer" ya que "no sabemos qué medidas va a tomar" la Generalidad, añadió, augurando que finalmente Puigdemont se echará atrás. En todo caso, el secretario de Estado de Administraciones Territoriales no desmintió la posibilidad de tomar acciones coercitivas.