Los barones del PP no se fían. El Gobierno ha puesto en marcha una política de acercamiento con Cataluña y el País Vasco en la que Soraya Sáenz de Santamaría está teniendo un papel clave. Sin ir más lejos, el lunes estuvo en Vitoria y el martes en Barcelona. Una relación de bilateralidad que, en opinión de un sector del partido, sitúa al resto de comunidades, que sí participarán en la Conferencia de Presidentes del próximo martes, en un escalón inferior.
Santamaría mantuvo este miércoles una reunión con los consejeros de Presidencia de las distintas comunidades para preparar la cumbre del Senado, y País Vasco y Cataluña volvieron a ausentarse. "La voluntad del Gobierno es que asistan, pero las invitaciones se hacen y a lo mejor no se aceptan", declaró recientemente Íñigo Méndez de Vigo, portavoz del Ejecutivo. La propia vicepresidenta trasladó a Oriol Junqueras, en su despacho de esta misma semana, que las 46 reivindicaciones que su Gobierno trasladó a Moncloa "van a estar muy ligadas" a los asuntos que se abordarán en la cita, aunque el plantón de Carles Puigdemont parece definitivo.
En un ala del PP lamentan que, pese al "desprecio" a la Conferencia, se esté premiando a ambas comunidades con una relación bilateral. Más aún en el caso de Cataluña, toda vez el País Vasco tiene un régimen especial –el cupo– pero el Gobierno de Puigdemont es clave a la hora de aprobar el nuevo modelo de financiación autonómica. Un asunto que, según reconocieron las fuentes consultadas, marcará gran parte de la cumbre de la Cámara Alta.
Valencia se une a Madrid
En el despacho con Santamaría de este miércoles, al que también asistió Cristóbal Montoro, los consejeros de Madrid y Valencia reclamaron que el nuevo modelo no parta del actual, que consideran injusto. "Tiene que ser nuevo" y "solidario", reclamaron, sin citar expresamente a Cataluña en ningún momento. El titular de Hacienda se comprometió a redactar otro documento de cara a la Conferencia para recoger esa exigencia y anunció la creación de una comisión de expertos antes de un mes.
El consenso fue la tónica general de la reunión, a pesar de que había consejeros de distintos colores políticos. Si bien, la ausencia de Cataluña en la mesa común "hace muy difícil llevar a cabo un debate serio sobre financiación", en palabras de un consejero del PP. Un elemento que alimenta todavía más los temores a un posible acuerdo bilateral entre Moncloa y el Gobierno catalán, tal y como avanzó El País. "Galicia no quiere más que nadie, pero tampoco menos", avisó hace unos días Alberto Núñez Feijóo, con gran predicamento interno en el partido. Reclamó "un trato ecuánime" para lograr una España "equilibrada y solidaria". "No aspiramos a ningún privilegio, pero tampoco los aprueba", insistió.
En esto, Feijóo va de la mano con Cristina Cifuentes. Esto es, los dos barones más importantes del PP vigilarán con lupa los pasos del Ejecutivo. "Vamos a ser reivindicativos pero leales", exponen desde el Gobierno madrileño. "Estamos dejando de percibir 1.000 millones de euros al año de lo que nos corresponde", advirtió su presidente. Juan Vicente Herrera, el presidente de Castilla y León, también dijo que quiere abrir el debate en un marco de igualdad.