El recién parido "Pacto Nacional por el Referéndum" tiene fecha de caducidad. Entre tres y cuatro meses, según los plazos dados por la CUP al presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, para explorar la vía de una negociación con el Gobierno del PP que desemboque en un referéndum pactado. Si Ada Colau considera frustrante la imposición de términos temporales, la CUP es tajante en sus exigencias. La segunda quincena del próximo septiembre es la fecha tope para celebrar un referéndum de independencia. De hecho, es una obligación que se impuso Puigdemont cuando acuñó el "referéndum o referéndum" para describir el destino final de su hoja de ruta.
Puigdemont no ha renunciado en absoluto al programa separatista de su partido, el PDEcat, y de la plataforma parlamentaria con ERC, Junts pel Sí, pero es casi imposible que lo pueda aplicar. En febrero tendrá que pasar el examen de los presupuestos y la lista de peticiones de la CUP para no reventar la legislatura es interminable: dimisión del consejero de Interior, Jordi Jané; setecientos millones para el "rescate social"; subidas generalizadas de impuestos; que los Mossos desobedezcan; referéndum unilateral y la aplicación de su plan de choque frente al Estado.
Guiños a los antisistema
El presidente de la Generalidad hace lo que puede por complacer a la CUP. La suspensión a última hora de la emisión del discurso del Rey se debió a unas presiones de los antisistema a las que Puigdemont cedió sin dudarlo ante la existencia del precedente de la televisión pública vasca ETB. Tampoco dudó en aceptar la carpeta tributaria de la CUP, con el impuesto del azúcar que después reivindicó para sí el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
A lo que no parece dispuesto es a entregar a Jané e imponer a los Mossos la desobediencia ante los requerimientos judiciales sobre el proceso separatista. Ni quiere oír hablar Puigdemont de los planes de desobediencia y choque frontal de la CUP con el Estado que desmontan la supuesta naturaleza democrática y pacífica del dicho procés.
La alcaldesa de Berga, Montserrat Venturós, y el concejal de Vich, Joan Coma, ambos de la CUP y ambos investigados por un delito electoral y otro de sedición, respectivamente, han expuesto sin ambages que "habrá hostias que parirán terror", según la primera, o como mínimo "movilizaciones y huelgas", advirtió Coma.
Los Mossos, en entredicho
Este mismo martes, Coma ha sido detenido y ha llamado a plantar cara al Estado. Mientras la CUP insta a la movilización, Carles Puigdemont trata de salir al paso también en Twitter con un mensaje en el que acusa al Estado de coartar la libertad de expresión y censura la operación diálogo. "Una vez más, el Estado demuestra qué noción tiene de la libertad de expresión. La operación diálogo: de Navidad a San Esteban", ha escrito el presidente de la Generalidad.
Una vegada més, l'Estat demostra quina noció té de la llibertat d'expressió. L'operació diàleg: de Nadal a Sant Esteve. https://t.co/C7VIGFbJhc
— Carles Puigdemont (@KRLS) December 27, 2016
Que la actuación de los Mossos vuelva a quedar en entredicho es lo de menos ante el panorama que tiene ante sí Puigdemont. La CUP acusa al departamento de Interior y al resto del ejecutivo de "colaboracionismo" al atender los requerimientos judiciales y exige que se aplique una estrategia de confrontación institucional. Puigdemont, entre tanto, intenta contentar a la CUP con gestos de solidaridad que no calan precisamente entre los antisistema.
Panorama demoscópico
Dadas las circunstancias, cada vez son más en el PDEcat y en Junts pel Sí los partidarios de desmarcarse de la CUP, renunciar a su apoyo y convocar nuevas elecciones. No obstante, el factor demoscópico tampoco ayuda a Puigdemont. El 18 de diciembre, una encuesta de El Periódico de Catalunya relegaba a su partido al quinto puesto. La publicada este martes por La Razón, en el tercero, por detrás de Ciudadanos. Ambos sondeos coinciden en la victoria de ERC y en el del diario de Planeta la CUP sólo perdería uno o dos de sus diez diputados actuales. En cambio, el PDEcat sacaría 15/17 en el estudio publicado hace una semana y 20/22 en el último, muy lejos de los 62 diputados obtenidos en 2010, antes del proceso.
Los comunes de Colau, a pesar de las grandes expectativas que suscita el liderazgo de la alcaldesa de Barcelona no obtienen grandes resultados en esos sondeos (13/15 escaños en La Razón y 15/16 en El Periódico), pero sí los necesarios para apuntalar un nuevo tripartito de izquierdas.
Así pues, el adelanto electoral no es una opción para Puigdemont y el PDEcat, que intentarán complacer a toda costa a la CUP y sortear el escollo de los Mossos, cuyo cumplimiento de sus competencias en materia de policía judicial pone en evidencia, según la CUP, que Puigdemont y sus socios no están dispuestos a desobedecer en la fase de las "hostias que parirán terror"