Un auténtico desastre, un fiasco y un fracaso en toda regla. La "cumbre" anunciada por Puigdemont para ratificar la hoja de ruta de la Generalidad acabó como el rosario de la aurora, sin acuerdo y con una enorme división entre los políticos partidarios del "derecho a decidir". Se impuso la tesis del referéndum pactado con el Estado, lo que dejó a los separatistas irredentos con las vergüenzas al aire y sus discrepancias en el tendedero de los trapos sucios.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, fue la gran estrella de la reunión del "Pacto Nacional por el Derecho a Decidir", que a partir de ahora se llama "Pacto Nacional por el Referéndum". Puigdemont improvisó hace unos días este encuentro para responder de forma concisa y contundente a la "operación diálogo" emprendida por el Gobierno a través de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, comisionada por Mariano Rajoy para abordar el expediente catalán.
El pacto no se reunía desde meses antes de la celebración del referéndum ilegal del 9 de noviembre de 2014 y ha sido reactivado por Puigdemont para ofrecer una imagen de unidad del separatismo con la adhesión añadida de la alcaldesa condal y sus "comunes", que ante el "referéndum o referéndum" del ejecutivo autonómico apuestan por explorar, ni que sea a título de inventario, la posibilidad de que la consulta sea pactada con el Estado.
La reunión, en la que se congregaron partidos, sindicatos, pequeñas patronales, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, contó también con la presencia de Artur Mas, a pesar de que su sucesor no era precisamente partidario de su participación. Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha aprovechado la convocatoria separatista para anunciar que el juicio a Mas y las exconsejeras Irene Rigau y Joana Ortega se celebrará entre el 6 y el 10 de febrero.
Favor del TSJC a Mas y el proceso
Un nuevo favor del TSJC a Mas que le ha permitido presentarse otra vez en la reunión en el parlamento como "víctima" del Estado tras el anuncio del tribunal. La fecha escogida por el TSJC para dar publicidad a la fecha del juicio contra Mas por desobediencia en relación al 9-N ha adornando las tesis de los convocantes de la "cumbre" para dar vuelo la propaganda nacionalista sobre la presunta persecución del Estado contra los líderes catalanistas.
No es la primera vez que el TSJC juega con el calendario, puesto que la declaración de Mas ante el TSJC el año pasado se celebró el 15 de octubre, en el 75 aniversario del fusilamiento en Montjuich de Companys. Tal "coincidencia" fomentó el victimismo de Mas y otorgó un particular simbolismo a su declaración y a la manifestación de los alcaldes separatistas, vara en ristre, a las puertas del TSJC.
Decisiones del TC
El Tribunal Constitucional (TC) también ha decidido este viernes anunciar que suspende las denominadas "leyes de desconexión" y la de "acción exterior" de la Generalidad, lo que ha supuesto más madera para la reunión separatista, un encuentro marcado además por la figura de Ada Colau, en la rampa de lanzamiento de su partido para toda Cataluña.
Mas ha calificado su juicio de "aberración" mientras que el resto de los convocados apuestan porque el referéndum, si bien las vías son opuestas, contradictorias y excluyentes.
La CUP también ha tenido un papel protagonista en la "cumbre", puesto que su celebración era una de las exigencias para aprobar los presupuestos autonómicos que incluyen una abultada partida para la celebración de esta nueva consulta. Anna Gabriel, la diputada y portavoz cupera, se ha felicitado por el encuentro, aunque se ha mostrado escéptica respecto a las pretensiones de algunos participantes de que el referéndum tenga el visto bueno del Estado. También ha afirmado que espera que cuando los "comunes" se den cuenta de que no hay posibilidad de acordar el referéndum se sumen la vía unilateral del "referéndum o referéndum".
Determinante intervención de Colau
Ada Colau, en su intervención, ha recomendado al presidente de la Generalidad no marcar plazos para el referéndum ni calcar la consulta del 9-N. También ha agradecido a Puigdemont que la cumbre no tuviera como objetivo la independencia, sino la hipotética celebración de un referéndum, matiz que ha causado una cierta perplejidad entre los asistentes más concernidos por la hoja de ruta separatista. Esta posición alternativa ha supuesto un jarro de agua fría para Puigdemont y Junqueras, que daban por hecho que Colau y los "comunes" habían aceptado los marcos referenciales de Convergencia y ERC, así como los plazos fijados por la mayoría del parlamento autonómico.
Comité de seguimiento
En lo que sí ha tenido éxito Puigdemont es en la composición del comité que deberá velar por la celebración del referéndum. Joan Ignasi Elena, exdiputado del PSC y declarado partidario del independentismo presidirá este consejo junto a las socialistas Maite Arqué, exalcaldesa de Barcelona, e Itziar González, exconcejal en el Ayuntamiento de Barcelona. También estarán los exdiputados comunistas Francesc Pané y Jaume Bosch, la convergente Carme Laura Gil, la también exparlamentaria de ERC Carme Porta y el director de la revista Catalan International View Francesc Dalmases.
La reunión ha durado casi tres horas y muchas de las intervenciones han girado en torno a la necesidad de evitar el choque de trenes con el Estado y de llegar a un acuerdo. En paralelo, el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha declarado que la reunión separatista "no modifica la voluntad de diálogo sincero, leal y con contenido" del Ejecutivo.
Comparecencias de Puigdemont y Colau
Al cabo del encuentro, Carles Puigdemont ha comparecido ante los medios de comunicación para declarar que intentará "ampliar la base social del referéndum", un objetivo que considera "irrenunciable". El presidente autonómico se comprometió a sumar más adhesiones y anunció la redacción de un manifiesto que permita a entidades sociales y no sólo políticas sumarse al proceso separatista. Tras una intervención brevísima, Puigdemont, que no admitió preguntas, cedió la palabra a la alcaldesa Colau, quien apostó por un referéndum pactado y afirmó que "en el Estado han pasado cosas". En concreto habló de la posición favorable a la consulta de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, de las mareas de Galicia y de los podemitas "del resto del Estado".