A principios de año caía el gran fichaje de Artur Mas para montar y dirigir la Agencia Tributaria de Cataluña, una de las denominadas "estructuras de Estado" cruciales para el objetivo separatista de la desconexión con el resto de España. Joan Iglesias, exinspector en la delegación de Barcelona de la Agencia Tributaria del Ministerio de Hacienda, fue contratado a golpe de talonario por Artur Mas, recomendado por Francesc Homs. Iglesias dejó como testimonio de su paso por la Generalidad el libro Una hisenda a la catalana, en el que describe cómo debería ser la agencia del estado propio, y la frase "tenemos hacienda, lo que nos falta es soberanía".
De inmediato pidió su reingreso como funcionario del Estado al que pretendía arrebatar las competencias en materia tributaria. Iglesias no era del agrado de Oriol Junqueras, vicepresidente autonómico y titular de la cartera de Economía, pero es que además no había encajado en la estructura de la administración catalana, donde cobraba más de cien mil euros, salario que muchos funcionarios juzgaban escandaloso para las funciones y trabajo desempeñado.
Con la llegada de ERC al gobierno de la Generalidad en alianza con Convergencia, se hizo cargo de la oficina tributaria Lluís Salvadó, diputado republicano, en calidad de secretario general. Nada más aterrizar en la consejería fue nombrada para el puesto de directora general Teresa Ribas, de perfil técnico y que tampoco tuvo una larga trayectoria. La semana pasada dimitía para aceptar un puesto ofrecido por Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona. Ribas no se lo pensó dos veces, dadas las dificultades burocráticas para llevar a cabo su trabajo y el carácter de sus superiores, en especial Oriol Junqueras, empeñado en tener lista la Agencia en 18 meses.
En paralelo, casi nadie quería optar a los puestos convocados por la Generalidad, de modo que en la última oferta de empleo relativa a la gestión y cobro de tributos sólo se presentaron 19 candidatos para cuarenta plazas.
Tras la dimisión y fuga al Ayuntamiento de Ribas, la plaza fue cubierta por Olga Tomás, que este mismo lunes ha anunciado su renuncia al cargo por "motivos personales". Ha pesado en su decisión el veto impuesto por la CUP, pues Tomás había trabajado codo con codo con Oriol Pujol, el ex heredero político de su padre. Esa coincidencia suscitó los recelos de los diputados antisistema y ha sido la excusa puesta por la funcionaria para renunciar al cargo.
Pero hay más razones. La Agencia de Junqueras pretende cancelar el próximo mes los convenios con los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de Cataluña para la administración de los tributos recaudados en Cataluña y pasar de los 350 funcionarios actuales a los 800, una cifra inalcanzable no sólo por la renuencia del personal cualificado a formar parte de esa "estructura de Estado", sino por la ausencia de presupuestos autonómicos para cubrir las convocatorias.
El fiasco de Junqueras en ese área es uno de los elementos del conflicto entre convergentes y republicanos en el gobierno autonómico y en el seno del grupo parlamentario. La desbandada y el descontrol en el proyecto estrella de la Generalidad le pasan factura al líder republicano en plena pugna por hacerse con el mando real y efectivo del ejecutivo regional y el proceso separatista.