Lleno absoluto. Cambio en los ponentes previstos inicialmente y líderes de los partidos haciéndose hueco a codazos (Pablo Iglesias sustituyó a su compañero para aprovechar otro minuto de gloria). Periodistas acreditados como si aquello fuera la final de la Champions. La Comisión de Economía del Congreso nunca ha visto nada igual. Será por la falta de Gobierno tras casi un año o la cercanía de las elecciones gallegas y vascas o la carencia de novedades legislativas… pero nadie podría haber imaginado que una Comisión para tratar de los nombramientos de España al Banco Mundial iba a reunir a más de un centenar de personas en la Sala Constitucional de la Cámara Baja... También es cierto que no era fácil imaginar que el "funcionario" nombrado iba a ser un exministro dimitido por un escándalo relacionado con las sociedades familiares de que disponía en paraísos fiscales.
"No se trata, en ningún caso, de nombramientos políticos". Con estas palabras Luis de Guindos situaba rápidamente los términos de su intervención. Su argumento principal es que estamos ante un nombramiento discrecional del Ministerio, que elige entre los funcionarios que se presentan al puesto y que el proceso que sigue su departamento es mucho más abierto del que se puede encontrar en otros países o para otros puestos.
El ministro de Economía ha explicado que la designación compete al secretario de Estado de Economía a propuesta de una Comisión, "en base a criterios técnicos, con concurrencia y transparencia entre los funcionarios implicados".
La discusión se ha centrado, como era de prever, en si se trataba de un concurso público o no. De Guindos ha explicado el procedimiento seguido. Según su relato, todo comienza con un informe del 27 de junio de la abogacía del Estado, tras el que el Ministerio abre el procedimiento, que otorga diez días hábiles para la presentación de candidaturas. Y ha explicado que había una fecha límite, el 2 de septiembre, el mismo día de la segunda votación para la investidura de Mariano Rajoy.
El ministro ha desgranado los criterios que debía tener en cuenta la Comisión que nombró a Soria:
- Condición de funcionario y trayectoria profesional (teniendo en cuenta los puestos y los años en la función pública)
- La especialización en áreas de economía e industria
- Dominio del inglés y otros idiomas
- Conocimiento del Banco Mundial y experiencia en relaciones internacionales
- Experiencia en los foros internacionales
- Conocimientos de economía internacional y macroeconomía
- Experiencia en gestión de personal y presupuestos
Con todo esto sobre la mesa, De Guindos ha asegurado que Soria era el candidato más cualificado y que fue la Comisión la que valoró esta cuestión: "Se trata de una designación técnica que no requiere del concurso del Gobierno. La Comisión valoró las candidaturas y, de entre los candidatos al puesto, José Manuel Soria presentaba el perfil más adecuado. Otros candidatos también cumplían los requisitos. Pero Soria no está inhabilitado ni investigado ni judicial ni administrativamente. No había ninguna circunstancia que lo hiciera incompatible".
Se produjo, ha explicado De Guindos, un proceso con "concurrencia y transparencia entre los funcionarios, candidaturas sometidas a la evaluación de una Comisión y el candidato no ostentaba ningún cargo de naturaleza política". De esta forma, el ministro ha dibujado una decisión puramente técnica, en la que los condicionantes políticos no tienen ninguna importancia. Y ha defendido que fue la Comisión la responsable de este nombramiento.
Y entonces, por qué renunció Soria. Ésta es la parte que queda menos clara. De Guindos ha explicado que fue el Gobierno el que le solicitó al exministro que no ocupase el puesto para el que había sido designado. ¿La razón? Pues según De Guindos, "el escándalo mediático" que se generó.
El problema es que esto introduce una cierta contradicción. Si Soria era el más idóneo y así lo había decidido una Comisión independiente del Ministerio de Economía, entonces ¿por qué pedirle que renunciase? ¿Cómo de independiente puede juzgarse una Comisión en la que todos sus miembros son altos cargos del Ministerio de Economía y en la que las decisiones no están sujetas a control de un tribunal independiente? Pero es que si todos estos argumentos fueran ciertos, entonces parecería que el Gobierno estaba cediendo a una injusticia (quitarle o empujar a Soria a dejar el puesto que merecía) por una mera cuestión de imagen pública.
La oposición, claro, se ha centrado en el tema del concurso. Todos, del PSOE a Podemos pasando por los nacionalistas, han coincidido en que no se puede hablar de "concurso", como hizo el propio presidente del Gobierno y sí de una designación política. Pedro Saura (PSOE), Pablo Iglesias (Podemos), Toni Roldán (C’s) han utilizado un argumento similar: un proceso sin un baremo, no publicado en el BOE (simplemente se informa a los cuerpos de funcionarios implicados) y en el que ni los trabajos de la Comisión están sujetos a escrutinio ni su decisión sujeta a recurso no puede considerarse como un concurso abierto.
La respuesta
En su respuesta a las preguntas de la oposición, De Guindos ha vuelto a defender que el procedimiento fue un concurso, aunque "no es un nombramiento de la Administración" española, por lo que no se pueden aplicar "los mismos principios" que en una oposición convencional.
"¿Qué hace la administración? A pesar de que es un puesto discrecional, proporciona un procedimiento de concurrencia y transparencia. Se ofrece a 650 funcionarios. Y el secretario de Estado y la Comisión sólo pueden elegir entre los que se presentan. La diferencia entre un nombramiento político es que yo como ministro de Economía no tengo que plantear un concurso para nombrar a un secretario de Estado. Aquí sólo se puede elegir entre los que aplican. Y fueron 25 en la primera convocatoria (la de febrero) y 10 en la segunda (la definitiva)". Así lo ha explicado el ministro.
El problema de esta argumentación es que la pregunta no es si la Comisión decidió por Soria, sino si lo hizo con criterios técnicos o políticos. Aquí la respuesta de De Guindos deja más lagunas: "Son altos cargos, pero son profesionales todos. Lógicamente tienen que ser los altos cargos del Ministerio de Economía que luego, en el día a día, van a tener contacto con estas instituciones". A partir de aquí, cada uno debe decidir si se cree que una Comisión formada exclusivamente por altos cargos del Ministerio puede tomar (o realmente toma) una decisión así por criterios estrictamente técnicos y referidos a los méritos del exministro Soria.