El mes de Septiembre será clave en Cataluña donde el día 28 el presidente Carles Puigdemont deberá someterse a una cuestión de confianza, inédita en un parlamento autonómico. Este jueves arrancaba el curso político y lo primero que han hecho los separatistas es convocar una reunión a primera hora para valorar si presentar alegaciones al plan de desconexión suspendido por el Tribunal Constitucional el pasado 1 de agosto. La fórmula a la que han recurrido los independentistas es a la de apelar a su libertad de expresión y al derecho de representación, también añaden los miembros de la Mesa, la defensa de la separación de poderes porque creen que no está lo suficientemente definida.
Una vez agotada la vía jurisdiccional española, los independentistas amenazan con ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos alegando vulneración de un "derecho inherente al ejercicio parlamentario". La decisión la ha tomado por unanimidad todos los miembros de la Mesa de mayoría separatista, aunque con la oposición de Ciudadanos y el PSC al contenido de las alegaciones que por otra parte si consideran legítimas. El PPC se ha opuesto completamente a esta decisión pero no tiene voto en las reuniones de la mesa. También la CUP se ha opuesto porque ve una contradicción recurrir a un tribunal al que desautorizan constantemente. El partido de Xavier García Albiol considera que la mayor culpable es la presidenta de la cámara, Carme Forcadell que fue quien permitió la votación en un pleno en el que se colaron en el orden del día las llamadas conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente sin antes pasar por la Mesa.
El diputado del PPC, Santi Rodríguez decía que " Forcadell ha actuado conscientemente y que por lo tanto no caben alegaciones a esta actitud". Precisamente ella, la presidenta de la cámara catalana tiene hasta el día 15 de septiembre para presentar su informe particular junto con el del presidente de la mesa y el secretario general del Parlamento. A Forcadell le pilló en vacaciones el aviso del Constitucional. El Alto Tribunal podría iniciar contra la dirigente separatista la vía penal tal y como esta semana ha solicitado la propia fiscalía.
Querella criminal contra Fernandez Díaz y de Alfonso
La todavía Convergencia y el ex alcalde de Barcelona, Xavier Trias han presentado este jueves una querella criminal en el Tribunal Supremo contra el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz y el exdirector de la Oficina Antidraude Daniel de Alfonso por el caso de las grabaciones que saltaron a la luz en plena campaña electoral para las elecciones generales y en las que tanto el ministro del Interior como Daniel de Alfonso hablaban en el despacho ministerial de investigar a diferentes dirigentes separatistas como el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras. El portavoz de CDC, Francesc Homs ya anunció este miércoles en el Congreso durante la sesión de investidura que iban a presentar la querella.
Tanto Convergencia como Trias a título personal consideran que se pudieron cometer delitos de revelación de secretos, prevaricación y malversación de fondos públicos según el texto de la querella a la que ha tenido acceso LD. 42 páginas en las que además se adjuntan los textuales de las grabaciones de audio publicadas por el periódico Público el pasado mes de junio. Ambas partes consideran que el delito podría haber sido continuado y en connivencia con periodistas de diferentes medios de comunicación de Madrid que podrían estar relacionados con el caso " pequeño Nicolás".
El partido de Artur Mas aprovecha para denunciar una campaña orquestada por los aparatos del Estado para desacreditar al que pretende llamarse como Partido Demócrata Catalán. El propio exalcalde de Barcelona ha pedido nuevamente la dimisión inmediata del ministro del Interior en funciones al observar, según denuncia " numerosos indicios que apuntarían a la vinculación del señor Fernández Díaz a la publicación del diario El Mundo de la noticia sobre la falsa cuenta en Suiza del señor Xavier Trias".