Los socialistas presentan un documento de 53 páginas que sería la base sobre la que negociar la investidura de Pedro Sánchez tanto con Ciudadanos como, si los de Pablo Iglesias retirasen su veto, con Podemos.
Se trata de una versión concentrada del programa electoral en el que se han limado algunas aristas y que, en conjunto, ejemplifica la fe propia de los idearios intervencionistas en la acción del gobierno y en leyes que, por su mera aparición en el BOE, solucionarán problemas graves que no se han podido arreglar en décadas.
En materia económica las diferencias con el programa electoral son mínimas pero una lectura detallada como la que ha hecho Domingo Soriano en Libertad Digital nos permite extraer una conclusión clara: el PSOE apuesta por el gasto público –promete más dinero para multitud de cosas, desde la Sanidad hasta la Memoria Histórica pasando por el empleo- y no queda nada claro cómo logrará que el déficit no se dispare, si bien por otro lado también incluye la voluntad de negociar con la Unión Europea una ampliación de los plazos ya comprometidos para reducir progresivamente este déficit.
Primero derogaciones, luego pactos
Por otro lado, pese a ser un documento en un principio destinado a ser herramienta de negociación, el PSOE lo abre con tres páginas de propaganda política sobre lo dramáticos que han sido los cuatro últimos años en el poder de Mariano Rajoy.
Lo cierto es que esta introducción propagandística cobra cierto sentido cuando se comprueba que buena parte de la propuesta electoral pasa por la derogación de medidas implantadas por el PP.
El caso paradigmático es la educación: lo primero que propone es "paralizar de forma inmediata el calendario de aplicación" de la llamada Ley Wert, sólo entonces se constituiría "una Mesa para alcanzar un Pacto Social y Político por la Educación" que en sólo seis meses elaboraría una nueva ley "consensuada". Que en ese plazo sea posible alcanzar ese consenso es una previsión extraordinariamente optimista a menos que lo entendamos como la imposición del punto de vista del PSOE y sus colectivos afines, que por otra parte es como suelen entenderlo los socialistas.
También se prevé la derogación de otras normas importantes: la Reforma Laboral y de varios aspectos polémicos del nuevo Código Penal…
Estos pactos exprés se plantearían también en otras áreas como la Ciencia y la Cultura. En esta última llama la atención su preocupación por un aspecto muy concreto: así, el Ministerio de Cultura deberá "desarrollar una política que responda a la concepción federal que defendemos y que promueva la pluralidad cultural y lingüística de España".
También, por supuesto, se recoge la bajada del llamado "IVA cultural", pero lo más curioso es que al mismo tiempo se reconoce que éste no existe, ya que hay que "impulsar la necesidad" de reconocerlo en la UE.
Las mujeres, ¿discapacitadas?
Dentro de los aspectos sociales y relacionados con la desigualdad el PSOE propone algunas medidas que ya están en marcha -como los alquileres sociales que ofrecen las Comunidades Autónomas- o la subida del salario mínimo de la que han hecho bandera en los últimos tiempos y que tendría un efecto trágico en el empleo de los menos cualificados.
Un punto llamativo es que no se opone frontalmente al copago farmacéutico sino que se conforma en "garantizar" que éste "no sea una barrera de acceso, en especial para pensionistas". También propone, sin especificar cómo, "reforzar la gestión pública del sistema" sanitario.
Entre lo más llamativo del documento está que en uno de los tres únicos puntos dedicados a los discapacitados, bastante menos de medio folio, se habla de la "la inclusión educativa, laboral y social de las personas con discapacidad", grupo al que se unen otros "colectivos" como "la población rural y –más sorprendente aún- las mujeres".
Se incluye también una serie de medidas por la igualdad entre hombres y mujeres como una "Ley de igualdad salarial" o "cuotas de género" en los órganos directivos de las grandes empresas. Otras dos medidas en este campo nos llaman la atención: la primera es una serie de ideas para "promover la implantación de horarios racionales fuera del trabajo" con algunos compromisos tan peregrinos como "acuerdos con los sectores de la cultura y el ocio para el adelanto de los horarios de mayor consumo de su oferta".
La otra, esta interesante pero llamativa en un partido que no se ha destacado por su protección de la familia, "reconocer a todas las mujeres un "bonus" de dos años de cotización por cada hijo o hija (nacido o adoptado) a efectos del cálculo de las pensiones".
Ley de no discriminación
El PSOE propone también una Ley que garantice la "igualdad de trato y la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social", algo que aparentemente ya hace la Constitución.
La ley, eso sí, guarda una idea que podría tener efectos perversos: "Debe incluir los mecanismo de inversión de la carga de la prueba", es decir, el acusado debería demostrar que no está discriminando. También se prevé la creación de una Autoridad contra la Discriminación cuyo papel, a priori, se parece mucho al del actual Defensor del Pueblo.
Siguiendo con el voluntarismo del que hablábamos al principio el PSOE quiere "una sociedad libre de violencia contra las mujeres" y para ello cree que será una herramienta a útil otro "pacto social, político e institucional".
Por otro lado, en una posición compleja reivindica la ley de 2004 pese a reconocer que desde entonces han muerto 800 mujeres víctimas de esta mal llamada "violencia de género" y proponer también una ampliación de "las disposiciones preventivas, procesales, punitivas y protectoras" de esta ley, es decir, endurecerla aún más.
Reformar partidos y el Congreso
Otro campo que se aborda en el documento son las reformas democráticas, que afectarían los partidos políticos: por un lado se obligaría a la realización de primarias para la elección tanto de cargos orgánicos como de candidatos a cargos y por otro se vincularía la financiación pública a esas primarias, lo que resulta un tanto redundante.
Las listas deberían estar desbloqueadas, es decir, los votantes podrían señalar qué representantes prefieren dentro de los propuestos por cada partido, pero en cambio tendrían que tener formato cremallera –mujeres y hombres intercalados uno a uno- lo que no parece tener mucho sentido en una lista desbloqueada.
El Congreso también vería afectado su funcionamiento y a medidas que están en la mente de muchos –por ejemplo, que las minorías puedan forzar la creación de comisiones de investigación- se unen ideas sobre el desarrollo de los plenos que resultarían cuanto menos bastante incómodas, ya que podrían prolongar éstos hasta límites difícilmente soportables tanto para los propios parlamentarios como para periodistas y, sobre todo, cualquier ciudadano que pudiese interesarse.
Respecto al Senado el PSOE demuestra de nuevo un curioso orden de prioridades, ya que lo único que prevé es una reforma "en paralelo" a la del Congreso y, eso sí, "normalización del uso de las lenguas cooficiales".
Por lo que se refiere a las medidas en contra de la corrupción, no hay grandes sorpresas a excepción quizá de que se propone que los altos cargos y los parlamentarios deben ser cesados "cuando se les abra juicio oral", es decir, al menos un par de pasos judiciales después de la imputación que en los últimos tiempos se ha convertido, bien que de forma oficiosa, en el límite de lo tolerable.
Finalmente, el documento se cierra con dos apartados a los que parece obvio que no se da gran importancia: el primero porque parece que no recibe atención mediática y ciudadana en estos momentos, la política exterior, para la que sólo se proponen una serie de vagas generalidades bienintencionadas.
El otro, porque hasta el PSOE debe ser consciente de que en la actual situación actual y con 90 diputados prometer la reforma constitucional resulta más bien ridículo.
En definitiva, el PSOE parece querer presentar un programa lo suficientemente maleable y negociable para permitirle buscar apoyos a un lado y otro, pero lo cierto es que en estas propuestas se ve más la mano del ala moderada del partido que podría representar Jordi Sevilla, que de posiciones más radicales que seguramente agradarían más a Iglesias y los suyos.