Otra vez Valencia, y en el peor momento posible. Las detenciones de Alfonso Rus y otros antiguos dirigentes del partido en la región se produjeron sólo unas horas después de que el PP tendiera puentes con Ciudadanos de cara a un futuro entendimiento, incluso si se celebran nuevas elecciones. Una bomba política ante la que Mariano Rajoy dio orden de ser tan rápidos como contundentes para intentar salvar la situación. Lo primero: suspender de militancia a los arrestados, vía decisión urgente del Comité de Derechos y Garantías de la formación.
La respuesta fue coordinada por la dirección nacional e Isabel Bonig, que no ha dudado en exhibir firmeza desde que se hiciera con las riendas del PP valenciano. "Tolerancia cero contra la corrupción", zanjó ella misma en conversación informal con este diario, una vez ya había quitado el carnet de militante a todos los detenidos por el caso Imelsa. "Nos parece vergonzoso y repudiamos a cualquiera que se haya beneficiado de su cargo político. Los primeros indignados somos nosotros", se sumó Eva Ortiz, que es su coordinadora general, en Es la Tarde de Dieter.
En todo caso, quién preocupa de verdad es Rita Barberá. La hoy senadora era hasta los comicios de mayo la todopoderosa alcaldesa de Valencia, interlocutora directa y amiga personal de Rajoy, según no se cansaron de repetir durante años los protagonistas. "Está tranquilamente en su casa", contestó Ortiz en una rueda de prensa en la ciudad del Turia. Después, en esRadio, no fue tan complaciente: "Nos va a dar exactamente igual las personas que sean y los cargos que tengan. Estaremos a lo que la Justicia diga y esperamos que sea rápida, ágil y contundente", afirmó.
Existe una importante tensión interna. "De Rita no sabemos nada porque hay secreto de sumario", se enfatizó tanto en Génova como en la cúpula del PP valenciano. Si bien, en la estructura regional se lavaron las manos. "En el caso de los senadores y los diputados nacionales, el competente es el Comité nacional", aclararon. Esto es, Rajoy es el que ha de actuar, llegado el caso. También contra Gerardo Camps, exvicepresidente del Gobierno valenciano y ahora diputado nacional, que es otro de los investigados por la presunta trama corrupta.
Rajoy "está en ello", se encargaron de precisar fuentes de la dirección nacional sobre la respuesta a la crisis. Si bien, Barberá "son palabras mayores", todo un referente, que lo ha sido prácticamente todo en el partido. "El PP ha dado la cara, está dando la cara y va a seguir dando la cara. No vamos a rehusar ninguna pregunta ni vamos a dejar de dar ninguna respuesta", arguyó Ortiz, aunque no quiso mojarse sobre la exalcaldesa. "El PP valenciano va a ser contundente ante cualquier atisbo de corrupción, sin menoscabo al derecho de presunción de inocencia de todas las personas investigadas", se dijo por escrito.
Dos cargos de la nueva cúpula del PP pusieron el acento en que ahora "no se puede ser ambiguo" en la lucha contra la corrupción, más aún tras la conversación entre Rajoy y Albert Rivea el lunes por la tarde. Rafael Hernando, el portavoz en el Congreso, quiso separar ambas cuestiones. "No sería sensato ni razonable" que afecte a las negociaciones, aseveró en rueda de prensa, no sin poner el acento en que se va a ser "inflexibles" contra la corrupción, venga lo que venga. "Los jueces, los fiscales y la Policía trabajan y los delitos se persiguen, con independencia de la formación política que se vea afectada. Se persiguen y se juzgan con ahínco", añadió Soraya Sáenz de Santamaría.