Todo es poco para los compañeros de la Candidatura de Unidad Popular (CUP). El "preacuerdo" que los antisistema someterán a la votación de 1.700 militantes el domingo 27 en Gerona es una oferta irrechazable. Miles de puestos de trabajo por enchufe, cientos de millones de euros para el "pueblo", legalización de las okupaciones, expropiaciones de pisos a los ricos, renta mínima garantizada como "derecho subjetivo", mil euros de salario mínimo, más impuestos, un servicio de espionaje propio, DNI catalán, pasaporte y carnet de conducir… así como toda clase de nuevas agencias públicas con sus correspondientes altos cargos de confianza. Empleo para todos los de la CUP que no tengan o que quieran cambiar de sector, así como para sus familias y amigos. La paradisíaca república catalana proveerá.
"Reparto de bienes con España"
Todo ello en respuesta al "mandato democrático" de las elecciones del pasado 27 de septiembre. En las 61 páginas del singular documento -"propuesta de acuerdo y no preacuerdo", según matiza la CUP-, todo está previsto, hasta la negociación con el Estado español. Página 10: "Se trataría de acordar el reparto de activos y pasivos. Respecto a la restitución de la soberanía, se debería acordar la subrogación de convenios, la gestión de las fronteras con el Estado, los traspasos de funcionarios y organismos, y aspectos clave respecto al sistema energético, la cuenca del Ebro o el espacio radioeléctrico, entre otros muchos".
Y continúa: "En relación a los acuerdos de reparto de bienes, se deberían negociar todos los bienes materiales que España administra actualmente en Cataluña -por ejemplo, infraestructuras como las carreteras, puertos, aeropuertos, inmuebles, etc.-, así como los bienes que España tiene en el extranjero y que son compartidos y los bienes económicos y financieros, que incluyen los activos -fondos de la Seguridad Social, fondos de compensación, etc.- y los pasivos -deudas de Cataluña avaladas por España y deudas de España que podrían corresponder a Cataluña-, entre otras".
Allende Cataluña también habrá que desplegar el nuevo estado, de tal manera que se prevé la creación de un "Departamento de Exteriores", quince nuevas embajadas. "A tal efecto, hay que poner en práctica las previsiones de selección y formaciones del personal necesario y precisar de los medios necesarios y el cronograma de implementación", se puede leer.
La Generalidad se dotará en este preproceso constituyente de un "servicio de inteligencia, autoridades reguladoras y de la competencia, Hacienda para la primera etapa, Seguridad Social, fondos de financiación, tributos".
El establecimiento de un DNI es una urgencia de primera fase. Y también una tarjeta ciudadana de servicios -sanidad, transporte, ocio, transacciones con la administración. El pasaporte y el permiso de conducir también serán de nuevo cuño y en menos de un año y medio.
Reclutamiento y formación de directivos y espías
En el apartado de las nuevas oportunidades laborales, el documento sostiene que se deberán elaborar estudios "sobre los medios económicos, materiales y humanos necesarios para poner en funcionamiento estas estructuras, poniendo especial atención en el reclutamiento y formación del personal, incluidas las posiciones directivas. Embajadores, policías, espías, el personal del servicio postal, de Medio Ambiente, de Bienestar Social, de Patentes y Marcas, Deportes y Meteorología", entre otras grandes áreas.
Además hay que "preparar el procedimiento de incorporación del personal a la Administración del nuevo Estado, crear los cuerpos nuevos y decidir sobre la integración del personal de los cuerpos y seguridad del Estado español que presta sus servicios en Cataluña".
El plan requerirá un "Sistema de Aduanas, una Oficina catalana de fiscalidad internacional, el Consejo Fiscal de Cataluña y el Instituto de investigación fiscal y estudios tributarios (...) Exportación e importación de alimentos, animales y vegales, control e inspección de pesca y seguridad marítima, regular la adscripción del profesorado universitario, definir la legislación sobre medios de comunicación...".
Grandes oportunidades para los emprendedores políticos, compañeras y compañeros ante los que se ha cedido en todo con tal de obtener la investidura de Mas. El "plan de choque" es un ejemplo. Paralización de los desahucios, dación en pago, renta de inserción garantizada, salario mínimo de 1.000 euros, subidas de impuestos, "nacionalización" de servicios y expropiaciones bajo el eufemismo de "establecer un nuevo instrumento de captación de vivienda del parque privado para cumplir la obligación de realojamiento adecuado en aquellas situaciones en las que no se disponga ni de parque público ni de pisos de las entidades financieras", página 25.
Desconexión en nombre del Rey
En cuanto al papel residual de Mas, la "propuesta de acuerdo" llega al extremo de marcarle las funciones. La primera, y más interesante, es la relativa a la conciliación de la monarquía y la república naciente. Dice así: "Como representante ordinario del Estado en Cataluña, le corresponde promulgar en nombre del rey (sic) las leyes, los decretos ley y los decretos legislativos de Cataluña y ordenar su publicación", página 46.
Mas tendría un consejero jefe y tres presidentes de comisión: Economía, Exteriores y Bienestar Social -Oriol Junqueras, Raül Romeva y Neus Munté. Su función sería prácticamente protocolaria.
La CUP debe discutir ahora en sus asambleas locales sobre el cheque en blanco y votar, en la asamblea del domingo, si aceptan a Mas a cambio de esta oferta o mantienen su veto. A nadie se le escapa que el documento es un brindis al sol con una hoja de ruta impracticable y unos objetivos a medio camino entre lo imposible y lo inexplicable, pero las cesiones de Junts pel Sí suponen una presión añadida a la CUP. Todo lo que pedían está en el papel. Sólo tienen que aceptar a Mas.
Evitar unas nuevas elecciones
En Convergencia temen el escenario de la repetición de las autonómicas. Ya no dispondrían del "airbag" de ERC. Mas debería comparecer en solitario, con las siglas de Democràcia i Llibertat en plena sangría de votos. En ERC dejan la responsabilidad en manos de la CUP a sabiendas de que ambos escenarios, Mas presidente o elecciones, les favorecen y los negociadores de la CUP depositan la decisión en los 1.700 militantes inscritos para la asamblea en la que se decidirá el futuro político de Artur Mas y si el electorado catalán es nuevamente llamado a las urnas para unas autonómicas.
Pesa a favor del acuerdo lo jugoso de las concesiones, los amplios poderes que la Generalidad delegaría en comisiones y comités antisistema y la situación política nacional, que podría dificultar la respuesta ante los hechos consumados que plantea el documento.