Hay que ahorrar esfuerzos, dicen unos. Establecer jerarquías, sostienen los otros. La cuestión es que el día 13, Irene Rigau, consejera de Educación -que ordenó abrir los institutos para que se votara el 9-N- y Joana Ortega -exvicepresidenta y responsable de la infraestructura electoral-, declararán como imputadas por la celebración del referéndum ilegal. Dos días después, el 15 y en coincidencia con el 75 aniversario del fusilamiento de Companys, lo hará Artur Mas. Se les acusa de los delitos de desobediencia, obstrucción a la justicia, usurpación de funciones, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Y tendrán el apoyo de los alcaldes y concejales que quieran salir a las puertas de sus consistorios para mostrar su solidaridad con las "víctimas judiciales" del proceso.
El "todos somos Mas", en cambio, pretende ser algo mucho más importante, numeroso, ruidoso y simbólico. Hay que echar el resto, afirman en la ANC, en Òmnium y en la Asociación de Municipios por la Independencia para arropar al president ante "el ataque del Estado".
A pesar de las especiales circunstancias que concurren en el caso -tales como que el juez Joan Manel Abril no es juez sino un abogado presidente del Consejo Judicial de Andorra, propuesto al TSJC por CiU y ERC, de la fecha elegida para que comparezca ante el tribunal el "president", de la tardanza entre la admisión a trámite de las querellas, hace nueve meses. y la citación, y de que los abogados de Mas pidieron que el trámite se llevara a cabo en plena campaña electoral-, el separatismo pretende llevar a cabo una semana de reivindicación de la figura del presidente de la Generalidad en funciones, al que se pretende convertir en el Companys del siglo XXI.
Por una parte está la negociación con la CUP para que los antisistema acepten al presidente de los recortes y la corrupción como líder máximo del proceso separatista y por otra la necesidad de apuntalar con manifestaciones en las calles el ambiente de victoria del separatismo y de "legitimidad" popular de la desconexión con el resto de España, a pesar de que no alcanzan el 48 por ciento del electorado ni el 35 por ciento del censo. Los estrategas convergentes están convencidos de que la citación será el espaldarazo definitivo para que la CUP se avenga a negociar investir a Mas, quien lo da por sentado. Y esperan que sus asociaciones satélites no desfallezcan.
Entre tanto, Rigau, Ortega y Mas se reparten los papeles con su equipo de abogados, Xavier Melero y Rafael Entrena, entre otros, de cara a obtener el máximo rendimiento propagandístico de las dos sesiones.