El Gobierno y su partido en Cataluña han dejado de contemplar pasivamente la creación de "estructuras de Estado" por parte de la Generalidad. La primera medida de la nueva estrategia ha sido la de enviar los presupuestos autonómicos pactados por CiU y ERC y la ley de acompañamiento al Consejo de Garantías Estatutarias. Según el PP en el parlamento catalán, las enmiendas introducidas por los republicanos que aluden a las "estructuras de Estado" son inconstitucionales.
No hay la más mínima posibilidad de que el Consejo dé la razón a los populares, pero el trámite de despachar el recurso supone aplazar la aprobación de las cuentas autonómicas entre dos semanas y un mes. Todo un inconveniente para el cumplimiento de la "hoja de ruta" acordada por Mas y Junqueras con la que entretener los próximos meses hasta las elecciones del 27 de septiembre con aperturas de "embajadas" y fichajes de inspectores de Hacienda para la Agencia Tributaria del hipotético Estado catalán.
El recurso del PP ha sido tachado de "filibustero" por los nacionalistas y Mas ha responsabilizado a la presidenta de los populares en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, de los posibles retrasos en el pago de servicios sociales y subvenciones. Pero con presupuestos y sin ellos, esa es una situación recurrente en la Generalidad, cuyas nóminas, funcionamiento ordinario y gastos extraordinarios del proceso separatista dependen de los fondos que le inyecta el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
Así, lo que verdaderamente ha irritado a Mas es que ERC pretende aprovechar la dilación para afilar aún más su "aportación" a las cuentas autonómicas en un contexto en el que el pacto entre CiU y los republicanos está en su momento más bajo.
Además del partido, el Gobierno también ha decidido actuar en Cataluña. Exteriores pretende impedir que la Generalidad despliegue su plan de "embajadas" y el PP catalán llevará la ley de acción exterior de Mas al Tribunal Constitucional. Estas iniciativas coinciden con el informe del Ministerio de Economía que ha provocado la investigación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre la acuñación de euros por parte de la Generalidad con motivo del Tricentenario de la Guerra de Sucesión. Según lo trascendido en El Mundo, la administración regional podría haber incurrido en un delito de falsificación y estafa al encargar en China la fabricación de una tirada de monedas de euros con motivos independentistas.
Más que por un desembarco de ministros, el PP catalán, con el visto bueno de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, ha optado por plantar cara al desafío separatista por la vía administrativa, acción que había brillado por su ausencia y que fue una de las causas del "éxito" del 9N. Los malos augurios demoscópicos del PP en Cataluña, superada en las proyecciones autonómicas por Ciudadanos, han provocado el giro conservador. El PP en Cataluña ha logrado por fin explicar a Moncloa y Génova el alcance del desafío separatista y los desastrosos efectos de la tolerancia de la que han disfrutado Mas y su gobierno para imponer sus tesis, su agenda y su programa con la financiación del Estado que pretenden cercenar.