El presidente de la Generalidad, Artur Mas, ha dado la orden a consejeros autonómicos y dirigentes de su partido de que se mantengan al margen de toda polémica respecto a las actuaciones fiscales y judiciales sobre el referéndum del pasado 9 de noviembre. Nada de declaraciones desafiantes ni de respuestas agrestes en un instante en el que el líder de Convergencia aprecia la lupa de los medios internacionales y las agencias de calificación sobre el expediente catalán. Se trata de maximizar las dudas y conflictos en el seno del Gobierno, de la Fiscalía y del PP.
La rebelión de los fiscales catalanes es un nuevo empujón a favor del proyecto separatista, consideran en Convergencia, donde atribuyen el mérito al consejero de Justicia, Germà Gordó, esposo de la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PSOE Roser Bach. Desde su departamento se habrían tejido, se jactan, las complicidades necesarias para poner en un serio aprieto a la Fiscalía y al Gobierno.
Las "reticencias" de los fiscales del Estado destinados en Cataluña a proceder contra el que denominan "proceso participativo" han desatado la euforia en Convergencia, que había empezado a asumir en clave crítica el techo del independentismo tras un 9-N plagado de irregularidades al margen de su condición de ilegal. Las facilidades del Gobierno, afirman en el partido de Mas, continúan. En primer lugar apuntan que Rajoy dejó hacer al no haber pedido al Tribunal Constitucional que advirtiera a la Generalidad sobre las hipotéticas consecuencias de desobedecer la doble suspensión cautelar. También aluden al auto del juez de guardia en Barcelona que descartó las denuncias contra el 9-N para evitar "incidentes" durante la "jornada electoral". Y añaden que la querella ha causado una profunda división en el "sector unionista", puesto que cada vez habría más partidarios de no denunciar a Mas y a sus consejeros.
No menos importantes les parecen las dudas y vacilaciones, tanto del PP como del Gobierno. El portavoz de la Generalidad, Francesc Homs, aprovechaba la negativa de los fiscales de Cataluña a proceder contra la administración autonómica para acusar a Rajoy de deteriorar a la justicia por sus presiones. Entre tanto, otro destacado dirigente del PP de Cataluña, el alcalde de Badalona, Xavier García-Albiol, reprochaba a Moncloa "fallos de comunicación". En medio de este contexto, Artur Mas aprovechaba que Rajoy ha confirmado definitivamente sus visita a Cataluña el sábado 29 de noviembre para invitarle a una "cumbre presidencial" en el Palacio de la Generalidad.
Artur Mas vuelve a estar al frente de la situación y contra todo pronóstico ha dado la vuelta a la tortilla. El 9N fue un fracaso de participación que reveló una cierta fatiga en las bases separatistas. Tras una más que considerable campaña propagandística de dos años, el mismo frente separatista no tenía más remedio que reconocer que el independentismo no supera el 30% del electorado. Sin embargo, las dos intervenciones de Rajoy (la primera tres días después del 9-N y para aplacar críticas y desánimo en el seno de su propio partido, y la segunda en Australia, donde predijo su próximo desembarco en Cataluña para comunicar "mejor") y la agitación fiscal le han concedido de nuevo la iniciativa a Mas.
Por si no fuera suficiente, el panorama de la querella contra Mas es sombrío. Es más que probable, afirman fuentes judiciales, que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que preside el magistrado Miguel Ángel García Jubero, adscrito en "Jueces para la Democracia", tumbe la querella contra Mas.
En menos de una semana, el presidente de la Generalidad ha pasado de estar contra las cuerdas a retomar el mando de la errática política catalana. El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha quedado desbordado por la"audacia" de Mas, que se evitó firmar un decreto de convocatoria del proceso participativo y ahora explota las circunstancias, reduce las diferencias con ERC y se erige en "macho alfa" del independentismo, por encima incluso de la Assemblea Nacional Catalana.