El Gobierno no se demoró en dar una primera respuesta al pulso planteado por Artur Mas. En la Moncloa, Soraya Sáenz de Santamaría -en calidad de presidenta en funciones, toda vez Mariano Rajoy volaba de regreso a España tras su primer viaje oficial a China- ponía en marcha la maquinaria del Estado y comparecía en rueda de prensa dos horas después para dejar claro que "nadie está por encima de la democracia" y los mandatos del Tribunal Constitucional son de obligado cumplimiento.
El presidente pronostica que Mas no se saltará el marco jurídico y, tras el posicionamiento del Alto Tribunal, acabará cediendo. "No me planteo que viole la ley", dijo pocas horas antes al órdago en conversación informal. Si bien, Rajoy también avisó del "lío" en el que Mas se ha metido, y en el Ejecutivo reconocen que el momento es "complejo" y hay que darle respuesta "con serenidad" pero con "una firmeza robusta de fondo".
De forma solemne, Sáenz de Santamaría -que a sus múltiples cargos suma estos días también la cartera de Justicia- sacó pecho de que el Gobierno siempre ha dicho lo mismo: la consulta del 9 de noviembre "no se va a celebrar porque es inconstitucional", como así lo explicitó de forma muy mayoritaria el Congreso de los Diputados. "No hay nada por encima de la voluntad soberana del pueblo español", zanjó la vicepresidenta. En otras palabras: a todos, y no a una parte, los españoles les corresponde decidir "qué es España y cómo se organiza".
El aviso a Mas fue muy claro. No ha de saltarse la ley o habrá consecuencias. "Sin ley no hay democracia. Ningún gobierno está por encima de la ley ni de la voluntad del conjunto de los españoles", afirmó en varias ocasiones. Y recalcó, por si cupieran dudas, que el Ejecutivo "velará" porque se respeten "los derechos de los ciudadanos y la vigencia de la democracia".
Así, Sáenz de Santamaría dio orden para que se diera el primer paso para frenar a Mas: el Ejecutivo elevó una consulta al Consejo de Estado, que se reunirá de urgencia y presentará un informe. Cabe destacar que este órgano lo dirige José Manuel Romay Beccaría, de la total confianza de Rajoy -hasta el punto de que le hizo tesorero del PP una vez estalló el caso Bárcenas-. Beccaría ya tiene el documento prácticamente listo.
Una vez esté redactado, se remitirá al departamento de Hacienda y Administraciones Públicas, cuyo titular será el encargado de llevarlo a la mesa del Consejo de Ministros, que se celebrará el lunes y no el domingo. "A lo mejor no hay que ir tan deprisa", se justificó el presidente desde Pekín.
En el Consejo de Ministros se cumplirán con los formalismos. Es decir, los distintos miembros del gabinete darán su opinión sobre la amenaza planteada por Mas. Tras ello, se encomendará a la Abogacía del Estado que presente los recursos ante el Tribunal Constitucional solicitando la impugnación de las iniciativas rupturistas.
"Los recursos protegen la ley, los derechos de los ciudadanos y la vigencia de la democracia", resumió la vicepresidenta, que lamentó "profundamente" el paso dado por Mas. "Fractura, divide y aleja a los catalanes de Europa", sentenció, no sin envolverse en la bandera de una España "abierta" que ha sabido "sobreponerse" de duros acontecimientos.
Sáenz de Santamaría, que respondió a varias preguntas de los periodistas -convocados de urgencia-, destacó también que siempre que una comunidad autónoma "ha tenido un problema, ahí ha estado el Gobierno de España". Especialmente en el caso catalán, pese a que hoy "no es día de cifras". "El diálogo siempre lo han tenido", añadió la vicepresidenta, quién no obstante recalcó que la soberanía tiene "un único titular, que es el conjunto de la nación" y, por ello, nada se ha de negociar sobre dicho extremo.
También aclaró que, una vez se pronuncie el Constitucional, la suspensión es automática y nada cambia el hecho de que la consulta sea o no vinculante. "En este país todos estamos sujetos a la ley y a las resoluciones de los tribunales. Nadie está por encima de la democracia y nadie puede decidir lo que cumple o deja de cumplir", se despidió la vicepresidenta.
Ya el lunes, será Rajoy quién pilote la respuesta a Mas convocando el Consejo de Ministros. Después, habrá que esperar al Constitucional. Según fuentes del tribunal de garantías, en principio no tiene previsto celebrar plenos ordinarios la próxima semana. Sin embargo, cabe la posibilidad de que el recurso de la Abogacía se admita a trámite en una sesión extraordinaria convocada por su presidente Francisco Pérez de los Cobos. En dicho pleno, probablemente, se suspendería la consulta de Mas de forma cautelar.
Sólo si la Generalidad desoye entonces la decisión que adopte el tribunal de garantías entraría en acción la Fiscalía. El Ministerio Público podría presentar una querella contra Mas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde está aforado, previsiblemente por delitos de desobediencia o sedición, informa Ángela Martialay.
No obstante, tal y como hicieron saber el fiscal general del Estado Eduardo Torres Dulce y la cúpula de la Fiscalía catalana, el Ministerio Fiscal está convencido de que se cumplirá la legalidad ya que el ordenamiento legal será respetado por "todas las instancias", tanto en los preceptos legales emanados de la Constitución como los eventuales pronunciamientos de los tribunales.