CiU ha cerrado la campaña de las elecciones europeas en La Vanguardia con la presentación de las urnas y las papeletas para la consulta ilegal del 9 de noviembre. Ha sido la demostración en papel prensa de que Artur Mas va a por todas, que no le temblará el pulso y que supera en radicalidad separatista a ERC e incluso a la Assemblea Nacional Catalana (ACN).
El último cartucho de campaña se pretende espectacular, la refutación de las tesis de quienes creen que el referéndum no se llevará a cabo. En una sola entrega y con el acompañamiento de un artículo de la vicepresidenta del gobierno catalán, la democristiana Joana Ortega, CiU ha exhibido los modelos de urna y papeleta. En el texto, Ortega da por superados todos los obstáculos legales o prácticos que puedan surgir con frases como esta: "Las instituciones catalanas cumpliremos (sic) la ley.
En estos momentos, el Parlamento autonómico de Cataluña trabaja en el proyecto de ley de consultas no refrendaras bajo el amparo del artículo 122 del Estatuto de Cataluña y todo hace prever el aval de la mayoría del pleno al llamamiento de la ciudadanía del 9 de noviembre, tal como la pactaron el presidente Artur Mas y la mayoría de partidos políticos. Algunos no estaban en este pacto, pero todavía están a tiempo".
Pero las novedades del cierre de campaña de CiU no están en las urnas de cartón y plexiglás ni en las papeletas. Según La Vanguardia, el departamento que dirige Ortega estaría elaborando mapas de puntos de votación, puesto que no todos los ayuntamientos catalanes están dispuestos a colaborar con el referéndum separatista. "La vicepresidenta Joana Ortega -afirma el diario barcelonés-, remitió cartas a los 947 ayuntamientos catalanes pidiendo su colaboración en la consulta. Hasta ayer habían respondido 411 municipios. Entre ellos, dispuestos a colaborar están Barcelona, Girona, Manresa, Sant Cugat o Mataró; y han rechazado la propuesta ayuntamientos socialistas como l'Hospitalet de Llobregat, Sabadell, Terrassa, Sant Adrià, Sant Boi o Cornellà. En esos municipios, se trabaja para fijar puntos de votación en edificios de la Generalitat, lo que llevaría a los electores a acudir a un colegio electoral diferente al habitual".
Como el gobierno catalán lo tiene todo ya previsto, "el Consell Executiu tiene previsto aprobar el martes la creación del registro de catalanes residentes en el exterior, que arrancará en junio, para facilitar el voto, de 221.000 catalanes", avanza la noticia. Además del censo de los catalanes residentes en el extranjero y en el plano "legislativo", la ley de consultas que prepara la Generalidad incluirá novedades como el voto a partir de los 16 años.
El PP ya ha reaccionado y su presidenta en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, ha puesto a trabajar a su equipo jurídico para denunciar a la Generalidad por malversación de fondos públicos, puesto que la consulta no cuenta con ningún amparo legal y, entre otras circunstancias, sólo se han encargado seis mil urnas de cartón para no tener que someter la adquisición de las cajas (similares a las de mudanzas, pero con una ventana de plástico) a concurso público. En unas elecciones autonómicas se utilizan alrededor de 8.200 urnas.