El Gobierno no quiere generar falsas expectativas. En no pocas ocasiones, desde un sector de CiU se ha dado la impresión de un paso atrás en la ofensiva separatista y después Artur Mas dejaba bien clara su hoja de ruta y la tensión aumentaba. Esa marcha atrás siempre llega del grupo catalán en el Congreso, con el que el gabinete tiene una interlocución fluida. Y volvió a ocurrir este mismo jueves, cuando Josep Sánchez Llibre reclamó negociar un nuevo marco económico, más ventajoso para Cataluña y que se asimile al de Navarra y País Vasco.
Mariano Rajoy nunca ha cerrado la puerta a un nuevo modelo de financiación autonómica que beneficie a Cataluña. Fue, de hecho, su principal baza negociadora hasta que todo se torció en la reunión que mantuvo con Mas en septiembre de 2012, cuando según sus propias palabras le amenazó poniéndole "entre la espada y la pared". "Quieren más dinero y en esas estamos", radiografió un ministro por entonces, lo que generó una auténtica ola de indignación en las comunidades gobernadas por el PP.
El presidente parece dispuesto a enfrentarse a los barones de su partido y a estudiar una especie de concierto económico a Cataluña, aunque con límites. Pero quiere garantías de que Mas ha retrocedido al verse al borde del precipicio y las del jueves no son voces particulares que se escuchan únicamente en la Cámara Baja.
"Debería ser CiU quien en este momento explicara en qué situación encuentra", retó Soraya Sáenz de Santamaría, al término del Consejo de Ministros. Y dejó bien claro que no le sirve cualquier persona para fijar la nueva posición: "No estaría mal saber en boca" de Mas "cuál es su posición con respecto a este punto" y "dónde está ahora".
En el gabinete son escépticos. Admiten al más alto nivel que, hasta la fecha, Mas "no ha dado signos de retroceder". Pero también les llega por distintos cauces que está "desesperado" porque ve que pasa el tiempo y Rajoy no se mueve de su posición. En este sentido, la vicepresidenta fue clara: en el marco de la Constitución, el diálogo está abierto. Y aún añadió que "estamos trabajando" en materia de financiación, aunque no se esperan anuncios en la materia hasta después de la reforma fiscal.
El fallo del Constitucional
Lo que es terreno vedado es la consulta, y para ello la vicepresidenta se apoyó en el reciente fallo del Tribunal Constitucional, cuyas claves desglosó en la comparecencia de prensa. Primero, destacó que la sentencia se aprobó por unanimidad. Segundo, que ya no hay dudas de que "nadie puede declararse sujeto político soberano más allá del pueblo español en su conjunto" y que, por ello, "no cabe una convocatoria unilateral de un referendo de autodeterminación". Y tercero, y por último, que este tipo de aspiraciones deben encauzarse en el marco de una reforma constitucional.
"Todos nos encontrarán para dialogar dentro de la Constitución y las leyes sobre asuntos que son clave para el bienestar de los ciudadanos con independencia de su comunidad de origen", resumió la vicepresidenta. En el Gobierno parecen más que dispuestos, pero temen que Mas ya no tiene margen de maniobra. Y de ahí que Sáenz de Santamaría avanzara que en el pleno del 8 de abril, en el que se discutirá y rechazará la petición del Parlamento catalán, la postura del gabinete estará "muy clara".
Es decir, que el Gobierno rechazará con el fallo del Constitucional en la mano cualquier tipo de consulta y, además, exhibirá la fuerza de la mayoría del arco parlamentario votando en contra. En este punto, reclamó a Mas explicaciones por su anunciada ausencia en las Cortes cuando se discuten "sus grandes proyectos". En todo caso, no desveló si será ella o el presidente quién defienda la bandera de la unidad nacional.