Una treintena de jueces catalanes ha firmado un manifiesto en el que reivindican que Cataluña es una "nación" y que, por tanto, sus ciudadanos pueden ejercer el "derecho a decidir". Según estos jueces -algunos de ellos de la Audiencia de Barcelona, como Santiago Vidal, conocido por sus opiniones a favor de la secesión, Juli Solaz, que participó en la instrucción del caso Palau, así como Josep Maria Pijoan (jubilado, pero en la actualidad ejerce en Andorra)- la Constitución ampararía el supuesto derecho si se interpreta de una manera "dinámica, viva y no sacramental". En concreto, citan el artículo 10.2 de la Constitución para fundamentar esta opinión.
"Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España", es el texto del artículo en cuestión. Este grupo de 34 jueces catalanes, sobre un total de 756, considera que a la luz de una interpretación en base a dicha "Declaración Universal de los Derechos Humanos y los acuerdos y tratados internacionales suscritos por España" se puede ejercer el derecho a decidir sólo en una parte del territorio nacional. Recurren para justificar esta opinión a otro artículo, el 21 de la citada Declaración, pero no en su integridad..
Así, el manifiesto de la treintena de jueces alega que en ese artículo se defiende que "la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público". El artículo íntegro, en cambio, dice así: "la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto".
Para superar el escollo de que en Cataluña ya se realizan elecciones periódicas, se acogen al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del año 1976, en la última fase de los procesos de descolonización, que en su primer artículo alude al "derecho a la determinación de los pueblos". Como Cataluña no es una colonia, parecen admitir los jueces, hay que recurrir entonces al caso de Canadá para demostrar que la autodeterminación "no se limita sólo a los pueblos gobernados o sometidos por potencias extranjeras, sino que se extiende a aquellos pueblos que, a pesar de estar integrados en un estado democrático, sufren una limitación de su derecho de autogobierno", según reza un texto de dos páginas y media que será enviado al resto de los jueces que ejercen en Cataluña, a los partidos políticos, el parlamento regional y al Gobierno presidido por Artur Mas.
Pero la sustancia del manifiesto está en la "indiscutible" condición nacional de Cataluña, algo que "conlleva indefectiblemente el reconocimiento de su derecho a decidir". Según ellos, que Cataluña sea una nación "está en la base de la Constitución de 1978", que no habla de naciones sino de nacionalidades, y en los Estatutos de Autonomía de 1976 y 2006. "Si el reconocimiento no fue más explícito en su momento" fue por la Transición y el riesgo de "involución" confirmado por el golpe de Estado del 23-F.
También arremeten contra la sentencia del Tribunal Constitucional respecto al Estatuto de 2006, que lo "desvirtuó" en "aspectos esenciales de identidad nacional y autogobierno". Esa sentencia, de 2010, es la causa, según los firmantes, de las manifestaciones catalanas en ese año y en 2012 y 2013. Tales protestas, junto a las encuestas y a la voluntad de los partidos nacionalistas demostrarían que "gran parte de la sociedad catalana quiere volver a decidir su articulación con el Estado español, y hacerlo contemplando todas las opciones, incluida la independencia".
A la espera de la determinación que pueda tomar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia ante el insólito manifiesto a favor de las tesis separatistas de Artur Mas y ERC, la difusión parcial del texto muestra el intensivo trabajo de captación de la Generalidad en el ámbito judicial, así como las insólitas conexiones con magistrados que instruyen o juzgan la corrupción política en Cataluña, en la que CiU ocupa un lugar de honor dada su perseverancia en el poder, sólo interrumpido en democracia por los siete años del tripartito.
Cabe recordar que la primera denuncia sobre el caso Palau, el que mantiene la sede de Convergència embargada (pero en uso) dadas las conexiones del saqueo con la financiación del partido, es del año 2002 y que hubieron de transcurrir siete años para que la fiscalía, en 2009, estertores del tripartito, presentara una denuncia y se judicializara el caso.
En cuanto a la posibilidad de que los firmantes del texto puedan ser sometidos a ningún tipo de expediente disciplinario por su pronunciamiento, cuentan a su favor con el precedente de Rodríguez Sol. La última figura judicial que mostró su opinión favorable al "derecho a decidir" como jurista, fue el exfiscal superior de Cataluña, Martín Rodríguez Sol, que fue destituido por el fiscal general Torres Dulce en marzo del pasado año. La Generalidad no ha tardado en encontrar acomodo para este exfiscal en el Comité de Ética de los Mossos d'Esquadra, un organismo, no vinculante, que debe regir las actuaciones de un cuerpo policial constantemente envuelto en polémicas.