La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) presidida por José María Aznar ha lanzando un documento en el que a través de las respuestas a 20 preguntas se desmonta la base teórica sobre la que el nacionalismo catalán está tratando de justificar el proceso de secesión en marcha.
Las preguntas y las respuestas se agrupan en cuatro bloques que analizan ¿por qué?, ¿cómo?, ¿a qué precio? y ¿para qué? se está planteando la separación de Cataluña del resto de España. En cada uno de esos casos y a través de argumentos económicos, jurídicos e históricos se da respuesta a la propaganda nacionalista más habitual.
¿Por qué?
EL primer apartado da un repaso histórico a algunos episodios de importancia que demuestran la vinculación de Cataluña con el resto de España. Así, por ejemplo, se asegura que "la ruptura con la Constitución española significaría una ruptura con la verdadera historia de los catalanes" y que "el secesionismo no sólo no cabe en la Unión Europea por razones jurídicas, sino porque atenta contra el espíritu y contra el sentido de todo el proceso europeo".
1.¿Se puede hablar con razón de una historia de España contra Cataluña?
Esta es la primera pregunta que se plantea y una de las que más enjundia tiene. La respuesta no puede ser más clara: "No, en absoluto. Ni en 1714 ni en los trescientos años transcurridos desde entonces" explica el documento recordando que la de Secesión "fue una guerra de alcance internacional" provocada por un problema dinástico y que "lo ocurrido desde entonces no tiene nada que ver con una confrontación interior, sino con la continuidad de un largo camino común iniciado al menos en el siglo XII".
2.¿La Transición fue querida por los catalanes?
Para responder a esta pregunta se usan datos, el primero que la Ley para la Reforma Política, que sentó las bases legales del proceso democrático posterior, fue aprobada en referéndum con la participación masiva de los catalanes –un 74% del censo- y con un apoyo casi unánime: más del 93% de los votantes.
Además, se recalca que "la opinión de los políticos catalanes, incluidos los comunistas y nacionalistas, resultó muy influyente en la larga y delicada discusión que llevó, dentro y fuera de las Cortes, hasta el consenso constituyente".
3.¿La Constitución y el Estatuto de 1979 fueron queridos por los catalanes?
"Dos de los siete ponentes constitucionales eran catalanes –explica el documento de FAES- y muchos diputados y senadores catalanes hicieron aportaciones destacadas". Además, están los datos del referéndum constitucional del 78: no sólo la participación fue ligeramente más alta en Cataluña que en el resto de España sino que el sí de los catalanes estuvo "casi tres puntos por encima" del porcentaje obtenido en toda España.
Del mismo modo, el Estatuto de 1979 fue votado por mucha más gente que el del 2006 –un 59% frente a una 48%- y el porcentaje de los votos afirmativos fue también mucho más alto: un 88% frente a un 73%.
4.La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de 2006 impide que los catalanes tengas un estatus satisfactorio dentro del marco constitucional español?
Lo cierto es que, tal y como recalca el documento, "el Estatuto era inconstitucional en numerosos e importantes aspectos y el Tribunal Constitucional no tuvo más remedio que declararlo así", pese a lo que quiso suavizar este aspecto a través de "razonamientos interpretativos" y "redactando una sentencia interpretativa general mucho más benevolente" de lo que podía haber sido.
5.¿Puede hablarse en algún sentido de falta de representación de los catalanes en el proceso constituyente o en las instituciones del Estado?
De nuevo la respuesta es una negativa rotunda: "Desde 1977 hasta hoy el número de diputados en el Congreso elegidos en Cataluña ha sido de 579", mientras que "los diputados elegidos en Madrid han sido 429".
Por si esto no fuese suficiente, se recuerda que "CiU ha prestado su confianza parlamentaria a los cuatro primeros presidentes del Gobierno desde 1978: Adolfo Suárez (1980), Leopoldo Calvo Sotelo (1981), Felipe González (1993) y José María Aznar (1996 y 2000)".
¿Cómo?
6.¿Existe un derecho a decidir al margen de la Constitución y el Derecho?
Otra negativa rotunda: "No. Ni en España ni en ninguna otra democracia. La Constitución y las leyes son precisamente las que aseguran el derecho a decidir sobre los asuntos políticos que nos afectan", explican, ofreciendo algunos ejemplos internacionales en el que llama la atención el caso de la Constitución de Etiopía de 1994, la única del mundo que reconoce el derecho a la secesión pero que incluso en ese caso señala "que los términos de la consulta serán fijados por el Gobierno federal, no por el territorio que promueve la secesión, y que será aquel y no éste el que desarrollará el proceso atendiendo a los términos fijados por la ley".
7.¿Es aplicable a Cataluña el llamado derecho de autodeterminación?
"No, no lo es" explica, ya que se trata de "un derecho limitado a procesos de descolonización y regímenes no democráticos y que ni respetan el Estado de Derecho, sujeto a condiciones enumeradas por la ONU que no tienen nada que ver con lo que sucede en Cataluña ni en ninguna otra parte de España".
8.¿Es legal convocar una consulta con unas preguntas como las anunciadas en Cataluña para el 9 de noviembre de 2014?
El Tribunal Constitucional es el apoyo argumental para esta respuesta, que se basa sobre todo en la negativa de este a la ley con la que el Parlamento vasco puso en marcha el Plan Ibarretxe y que fue declarada inconstitucional por unanimidad. Así, "ni la Generalitat de Cataluña ni ninguna otra institución española pueden plantear un referéndum con semejante contenido".
9.¿Puede el Estado convocar la consulta o delegar la convocatoria de la misma en la Generalitat, tal y como ha acordado el parlamento de Cataluña?
Ninguna institución, ni el estado ni ninguna otra pueden convocar esa consulta, sobre todo si se plantea con preguntas abiertamente inconstitucionales como las propuestas. Así que "el Estado no puede delegar una competencia que él mismo no puede ejercer".
Por otro lado, un "detalle no menor" es que al menos formalmente, "la convocatoria de referéndum corresponde al Rey, como parte del decálogo de competencias del Monarca que consagra el artículo 62 de la Constitución y ratifica luego el artículo 92".
10.¿Existe algún otro cauce legal para una consulta de secesión en Cataluña sin modificar la Constitución?
El documento es muy claro al señalar que no y además apunta que "al reclamar al Estado que ceda a la Generalitat una competencia que se considera estatal y cuya delegación formal se solicita, se ha reconocido claramente que esa competencia es del Estado y que no cabe atribuirla a Cataluña en ninguna Ley propia de consultas que se haya dictado o se pueda dictar".
¿A qué precio?
11.¿España ha robado en el pasado a Cataluña?
Al insistente Espanya ens roba se oponen una serie de argumentos claros como que "desde el siglo XVIII se constata un proceso de modernización de la sociedad catalana" que se constata por datos como que desde finales del ese siglo a mediados del XIX "la población catalana pasa de ser un 7,8% a ser un 10,7% de la población total española". Un proceso que se ha mantenido al menos hasta finales del S XX, ya que hoy en día los catalanes representan un 16% del total de españoles.
12. ¿España roba ahora a Cataluña?
El informe responde que "no es más que un mito" surgido de la "propaganda" nacionalista. Faes recuerda, en alusión a las quejas sobre la financiación, que "todos los modelos de financiación autonómica, excepto el impulsado por el gobierno socialista en 2009, han contado con el respaldo expreso y hasta con el impulso de CiU en las Cortes". También subraya que son "las personas" de mayor renta, y no los territorios, las que ayudan a "mantener las políticas de cohesión y bienestar". Lo mismo ocurre, añade, en "otras comunidades como Madrid" y en la UE.
Añade el documento que el debate de la financiación "no disculpa de su responsabilidad a los Gobiernos de la Generalidad", en alusión al calamitoso estado de sus cuentas. También apunta que su tratamiento fiscal es "como mínimo equivalente a la de cualquier región" con renta similar y en un estado descentralizado semejante.
13. ¿Cuál sería la moneda de una Cataluña fuera de España?
Faes sentencia que "Cataluña pasaría a formar parte, junto con Andorra, Liechtenstein y Montenegro, del grupo de países europeos que utilizan el euro sin ser en realidad parte del euro". El "euro catalán", continúa, "no estaría defendido pro la política monetaria del BCE", que pone el acento en las dificultades de financiación que se añadirían a una región que actualmente "requiere de la asistencia del Fondo de Liquidez Autonómico" para subsistir. Los euros catalanes, explica, conllevarían probablemente "una prima de riesgo muy elevada y un coste de financiación insoportable".
14. ¿Sería más rica una Cataluña fuera de España?
El documento responde que la situación económica catalana "cambiaría muchísimo y para mal". Y cita algunos motivos: perdería los fondos de la PAC, el acceso al Fondo Liquidez, tendría aranceles... El informe dice que la secesión llevaría a la región a "una situación de debilidad crónica e incluso de quiebra a corto plazo" por, entre otras cosas, la caída de las exportaciones, las inversiones y la dificultad para financiarse. Añade el documento que "para muchas empresas sería catastrófico perder el mercado español", lo que conllevaría emigración y deslocalizaciones.
En su conjunto, concluye, el PIB de una Cataluña separada podría caer "entre el 19% y el 24% en sus principales sectores", es decir, "una caída superior en más de cuatro veces a la que se ha producido en el conjunto de España en la actual crisis económica".
15. ¿Cuáles serían los datos económicos de una Cataluña escindida?
Según el informe, el gran peso del comercio de Cataluña con el resto de España (62.000 millones frente a los 10.000 con Francia, por ejemplo), haría que "los efectos de la secesión" fueran "devastadores". Recuerda el documento que "un tercio del empleo en Cataluña depende directamente de las exportaciones a España" y subraya que "carecen de sentido" los cálculos que presuponen que los ingresos actuales de la Generalidad serían iguales si la región se escindiera de España. "Cataluña sería un territorio empobrecido y probablemente inviable", sostiene.
¿Para qué?
16. ¿Seguiría Cataluña en la Unión Europea?
El documento lo descarta y añade que "probablemente" no entraría "fácilmente, puesto que eso exige el acuerdo de todos los miembros" y cumplir "unos requisitos que el secesionismo rechaza de plano".
Recuerda FAES que la UE persigue "una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa". Y eso es "evidentemente contrario a la aspiración del secesionismo". Apunta, además, una paradoja: una hipotética Cataluña enriquecida tras la independencia, como sostienen los nacionalistas, "estaría obligada a ceder recursos a favor de los países europeos con menos renta". "Justo lo que no se quiere hacer desde dentro se habría de hacer desde fuera".
17. ¿Seguiría Cataluña en la OTAN?
También responde Faes que no y añade que tendría que "asumir el coste económico y social de su propia defensa".
18. ¿Seguiría Cataluña en la ONU?
La respuesta también es negativa. Subraya que tendría que solicitar el ingreso y destaca la "complejidad" del proceso. "Es improbable que países determinantes", como Rusia, Estados unidos o China, lo aceptaran por motivos internos.
19. ¿Qué tratados internacionales tendría que negociar Cataluña si se produjera la secesión?
Faes rebate el argumento de que Cataluña seguiría formando parte de "todas las instituciones" si se separa. Al contrario, dejaría de formar parte de ellas y, por tanto, "todos los tratados afectados tendrían que ser negociados".
20. En conjunto, ¿cuál sería el resultado de la secesión para Cataluña?
En opinión de Faes, es claro: la secesión conllevaría "debilidad institucional, empobrecimiento severo y aislamiento internacional". Dice la fundación que todos los procesos secesionistas han tenido estas consecuencias y que Cataluña no será una excepción. Y reta a los nacionalistas a explicar las razones por las que afirman que la situación sería la contraria.
Añade el documento que más allá de las consecuencias políticas y económicas, el proceso tendría también graves consecuencias sociales: la "quiebra de la sociedad catalana y de toda la sociedad española" y "también la posible ruptura territorial interna de Cataluña". Apunta, por último, que "catalán y español no han sido nunca términos excluyentes sino más bien lo contrario Por eso la pretensión de separarlos sólo puede ser traumática".