No habrá sorpresas, prometen. No existen negociaciones oscuras. Si el Gobierno catalán sigue en su empeño de convocar una consulta ilegal para tratar de romper España se encontrará con un muro: el Tribunal Constitucional, que la tumbará. En el hipotético caso -muy improbable, recalcan en Moncloa- de que Artur Mas y sus socios hicieran oídos sordos, el Gobierno "hará lo que haga falta" para que se cumpla la ley, en palabras de un ministro implicado.
El presidente ha empeñado su palabra. No tocará los artículos 1 y 2 de la Constitución, en los que reside la soberanía nacional. Últimamente lo dice en público cada vez que se le pregunta: todos los españoles tienen derecho a opinar, absolutamente todos. Bajo ninguna fórmula, permitirá un referéndum: ni convocado por el Estado ni tutelando las preguntas, aseguran desde Moncloa. Y lo reafirma muy claro en privado: España no se romperá bajo su mandato y él aspira a la reelección.
No tocará la Constitución
En los últimos meses se ha pasado de la referencia constante al diálogo -reuniones con Mas, envueltas en un gran secretismo, de por medio- a enarbolar la bandera del patriotismo -"Yo soy español, español", le corearon en un reciente acto del PP- y la firmeza. Mariano Rajoy llega al aniversario de la Constitución con una idea clara: no habrá reforma del texto de 1978.
En época de crisis, argumenta -y en ello coinciden importantes empresarios del país-, es mejor no moverse e intentar mantener la estabilidad institucional. Y más cuando no existe consenso alguno, ni tan siquiera entre las dos principales formaciones del país.
El Gobierno, asegura, no tiene los ojos vendados. Aunque se centra en la situación económica, sabe de la gravedad del órdago separatista. Pocos dudan ya de que Mas seguirá hacia adelante y el Estado tendrá que pararle los pies. "Va hacia ninguna parte", se desesperan. "Hay que decirle a la opinión pública la verdad", expone Rajoy en sus últimas comparecencias. Y de ahí que, en los últimos días, haya articulado una nueva estrategia.
Hasta esta semana, Rajoy nunca había comparado la situación de Cataluña con la de Escocia. En el Gobierno explican que son casos muy diferentes, por ejemplo desde el punto de vista histórico. Pero el resultado de una fractura sería el mismo, y por ello Rajoy ha decidido dar el paso. El jueves, en una respuesta muy calculada y con gran impacto, el presidente se pronunció sobre Escocia en una comparecencia en Moncloa junto al francés François Hollande: "Si se independiza quedará fuera de la UE", ofreció como titular.
Al día siguiente, sus declaraciones estaban en buena parte de la prensa europea. Así lo ve el Gobierno: si Escocia -o Cataluña, en un caso extremo- se separara de su país saldría de inmediato de la Unión Europea y del euro. Daría inicio un proceso largo y complejo para estas regiones: tendrían que pedir su ingreso, cumplir unas duras exigencias, y un Estado miembro podría, al final, ejercer su derecho a veto. Pero hay más. "Tendrían que negociarlo todo. Aparecerían fronteras en todas partes y para todo", radiografían.
Charla Rajoy-Cameron
El viernes, Rajoy y David Cameron se dejaron ver en un aparte en la cumbre de la UE y la Asociación Oriental, que se celebró en Vilna (Lituania). El presidente desveló que Gibraltar apenas ocupó unos instantes de la conversación, centrada en las "regiones" que amagan con la ruptura. Según las fuentes consultadas, el primer ministro británico le agradeció el capote ante Hollande. Ambos coincidieron en su diagnóstico: si a la sociedad se le dice el riesgo real que conlleva la secesión, los contrarios a la misma irán a más.
"Es muy importante que a la opinión pública se le diga la verdad. Cuando alguien plantea algo, tiene la obligación de explicar a la gente las consecuencias de sus decisiones. Es lo único que pido y es bastante razonable", apeló Rajoy en rueda de prensa. Este fin de semana, el PP insistía en esta idea: "La UE no apoyará ninguna aventura en solitario bajo el mando de unos líderes que no saben muy bien donde van, porque Europa es unión y no división", proclamó Esteban González Pons desde Canarias.
En privado, ministros consultados, e incluso Rajoy, se exasperan ante la deriva de la Generalidad. Explican que está llevando a Cataluña a una situación insostenible y que "no dice la verdad" de las consecuencias de lo que plantea. Además de las razones económicas -en las que ahora se centra el presidente, sacando a colación el caso de Escocia-, Gobierno y PP también arguyen las afectivas: "El proyecto de España es más antiguo que el europeo, pero también es ambicioso, de unión y de solidaridad entre todos los que componemos la nación", en palabras de Pons.
Las cifras de la "solidaridad"
Una "solidaridad" que el Ejecutivo va a seguir demostrando, según se desprende de las palabras de Rajoy. Cataluña ha recibido 29.835 millones de euros en medidas extraordinarias de liquidez, más de 6.000 millones para pagar a proveedores y el abono de facturas, según cálculos de la Moncloa. Esta ayuda seguirá: "Los bonos patrióticos los estamos pagando todos, el contribuyente", se recuerda.
La única baza negociadora es la económica. Cristóbal Montoro mantiene un contacto fluido con su homólogo autonómico, Mas-Colell. El Gobierno ha pedido un mayor esfuerzo a Cataluña para cumplir con el objetivo de déficit público y andan cuadrando cuentas. En 2014, se tiene que abrir el melón de la financiación autonómica y se están dando contactos, aunque el Ejecutivo niega que exista una "negociación".
Quienes apenas mantienen interlocución son Rajoy y Mas. Habla con él, pero menos. En el despacho que mantuvieron a finales de agosto -en teoría, el último-, el presidente le dijo que no permitirá la consulta bajo ningún concepto. "Hablar nunca es malo", y él lo hará hasta las últimas consecuencias. Si bien, poco a poco, Moncloa y PP han ido endureciendo el discurso y el distanciamiento es ahora grande.
En este complejo contexto, Rajoy -en el ecuador de su mandato- llega al cumpleaños de la Constitución. Importantes empresarios le han elogiado su estrategia con respecto a Cataluña alejada de "extremismos". El Gobierno, que dice estar más presente en la región, confiesa que aún hace falta mucha más pedagogía y pide al sector económico que presione a Mas. La situación ahora está parada, a la espera de que la Generalidad dé un nuevo paso. Esto es, convoque la consulta. Tras ello, se irá al Alto Tribunal. Los cálculos de Moncloa es que tras el portazo se vaya a unas elecciones plebiscitarias. "Ésta crisis va a ser muy larga", lamentan.