La lucha contra ETA era, probablemente, la seña principal del PP desde tiempos de Aznar o Gregorio Ordóñez. Y los populares estuvieron en el punto de mira de la banda terrorista, precisamente, porque eran el partido más peligroso para los asesinos y el único, como después demostró Zapatero, que estaba verdaderamente comprometido con la derrota de los terroristas.
Sin embargo, ya en la segunda legislatura de Zapatero la posición del PP había sido menos dura y, de cara a las elecciones de 2011, el PP sólo dedicaba tres páginas de su extenso programa electoral a ETA. Titularon el epígrafe "la derrota del terrorismo" y explicaban dentro, con brevedad pero con contundencia, los objetivos del partido para la legislatura.
Había una mención especial a las víctimas: "Aseguramos el derecho de las víctimas a la dignidad, a la memoria y a la reparación a través de la justicia". También mencionaban el "cese definitivo" de la "actividad armada" de ETA para decir que "no resulta aceptable pagar ningún precio político por matar" ni que obtengan "réditos por dejar de hacerlo".
Entre los compromisos, destacaban el de no negociar con terroristas "ni por la presión de la violencia ni por el anuncio de su cese" y el de impulsar "la aplicación de la Ley de Partidos y de la ley electoral a las organizaciones políticas vinculadas a ETA". En este punto, subrayaban que adoptarían "las medidas precisas para impedir la utilización de las instituciones en cualquier actividad de apoyo, legitimación o justificación del terrorismo y de sus responsables".
Incluso en su discurso de investidura Rajoy mantuvo una posición muy clara, con una recordada interpelación a uno de los diputados de Amaiur –"yo a ustedes no les debo absolutamente nada"- que todo el mundo interpretó como una desvinculación de los pactos que hubiese podido suscribir el anterior ejecutivo con ETA.
Sin embargo, el Gobierno se ha resistido a iniciar verdaderos pasos contra la presencia de ETA en las instituciones y, pese a las peticiones reiteradas y las muchas pruebas acumuladas, no ha instado la ilegalización de Sortu, Bildu o ninguna de las nuevas marcas blancas de la antigua HB.
El "terminal" Bolinaga
Todavía ha sido peor, al menos para las víctimas, el trato que han recibido los presos de la banda asesina. La masiva salida de las cárceles que se está viendo en las últimas semanas tuvo un antecedente durante el verano del 2012: la libertad de Bolinaga, el asesino de tres guardias civiles y secuestrador y torturador de Ortega Lara.
En un proceso lleno de irregularidades que se inició con una orden de Instituciones Penitenciarias, departamento dependiente de Interior, y que en el camino se dejó extraños informes médicos, inusuales viajes del juez y una esperanza de vida cifrada en nueve o doce meses que, quince meses después, se ha demostrado falsa.
Pero incluso con la mentira de que a Bolinaga le quedaba menos de un año de vida resultaba difícil justificar que eso era un estado "terminal", por mucho que el propio Rajoy nos recordase en una entrevista televisiva que el asesino pesaba sólo 47 kilos.
La sentencia del TEDH
Bolinaga sigue en la calle, vivito y coleando, casi medio año después de que se cumpliese la que se suponía que era su esperanza de vida, pero lo peor es que cuando escribimos estas líneas se le han unido en libertad otras tres docenas de terroristas tras la anulación de la doctrina Parot por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El Gobierno ha negado su responsabilidad en el asunto descargándola en el propio Tribunal de Estrasburgo y en los jueces españoles, pero lo cierto es que antes de que se emitiese la sentencia no se hizo ningún esfuerzo político por evitar el resultado final y, quizá todavía peor, tras el fallo las mentiras han jalonado prácticamente todas las declaraciones públicas sobre el tema.
Bien por su acción, por sus declaraciones o por omisión, el resultado de la acción de Rajoy y su Gobierno tras dos años en el poder es que los representantes de ETA siguen en las instituciones y las víctimas se sienten más abandonadas y engañadas que nunca.