El Gobierno de Mariano Rajoy ha declarado en varias ocasiones que no habrá "ningún tipo de consulta" aunque parece que sus palabras o no llegan o son ignoradas en Cataluña. Una vez pasada la Diada, los secesionistas tienen un nuevo objetivo claro, preparar y celebrar el referéndum ilegal.
De hecho, los partidos nacionalistas catalanes han centrado toda su política en estos momentos en esta consulta e incluso van más allá. La discusión no es ya si se celebrará o no, sino cuál será la pregunta, en qué términos será realizada y cuántas posibles respuestas habrá.
Los nacionalistas catalanes parecen no temer las palabras del Gobierno negando la celebración de esta votación. Sin embargo, el ejecutivo central insiste en el "diálogo" aunque afirma de manera tajante que no se producirá la consulta. El pasado jueves en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Soraya Sáenz de Santamaría afirmaba que "estamos dispuestos a abrir un nuevo clima de diálogo".
De hecho, fuentes populares aseguran a Libertad Digital que Rajoy se encuentra más cómodo con el diálogo que con la tensión ante el desafío secesionista y el presidente habría dicho que nunca romperá el canal de comunicación y que lo llevará hasta sus últimas consecuencias.
Las últimas consecuencias aún no son claras pero lo cierto es que desde la Generalidad y los partidos que sostienen al Gobierno catalán la consulta es una realidad y su problema no es ya el permiso o no de Moncloa, sino los problemas que puedan surgir entre las formaciones por la pregunta de la consulta.
Este mismo domingo Convergencia Democrática ha apelado al consenso entre las formaciones nacionalistas para pactar una pregunta "ambiciosa y clara" reclamando así una "sola voz" puesto que Cataluña "no se puede permitir el lujo de desafinar".
Y es que esta consulta está destapando las divergencias en el seno de CiU y acrecentando la unión entre CDC y ERC. Los republicanos acusan a Unió y al PSC de querer dilatar el proceso mientras Artur Mas ha garantizado a Junqueras la celebración de la consulta en 2014.
Ante esto, los partidos negocian tanto la pregunta como la forma de celebrar la consulta. Sobre el contenido participa incluso hasta Duran, cuya mayor preocupación estriba en el número de papeletas posibles.
Mientras tanto, la Generalidad valora ya la capacidad logística y organizativa. Para ello, ha hecho un recuento de urnas para el voto y se plantea el voto por internet para sortear las posibles trabas del ejecutivo central. Además, se prevé la votación de inmigrantes y de los mayores de 16 años.
Sin embargo, el Gobierno de Rajoy mantiene su oferta de diálogo a un ejecutivo que no le escucha y que acrecienta su desafío secesionista preparando a toda prisa y con decisión la respuesta a Moncloa: la convocatoria y celebración de la consulta.