El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se ha comprometido este a buscar una fórmula que impida que los etarras y delincuentes más peligrosos que puedan ser excarcelados en cumplimiento de la derogación de la doctrina Parot cobren el subsidio por desempleo estipulado por ley.
Fernández Díaz ha respondido así en el Congreso a la interpelación de la portavoz de UPyD, Rosa Díez, quien ha pedido que forma urgente se modifique la normativa para que etarras como Inés del Río, recientemente excarcelada, puedan beneficiarse de esa prestación.
El ministro se ha comprometido a buscar el mayor consenso posible en el plazo de tres semanas, antes de que se debata la moción consecuencia de interpelación que UPyD presentará, a la vez que se ha mostrado dispuesto a estudiar mecanismos legales para evitar que los etarras excarcelados puedan recurrir el bloqueo de las indemnizaciones a las que tienen derecho cuando se alarga su estancia en la cárcel.
La Ley de Seguridad Social de 1994 establece el derecho a cobrar el subsidio de desempleo a quienes hayan sido excarcelados y no tengan derecho a la prestación por desempleo, siempre que la privación de libertad haya sido por un tiempo superior a seis meses.
El recluso deberá además carecer de rentas de cualquier naturaleza superiores, en cómputo mensual, al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional (SMI), excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.
Un derecho que, en opinión de Díez, supone un "atropello, tropelía y sarcasmo" hacia el Estado de derecho que beneficiará a quienes han atacado la democracia.
"Evitemos no solo que se rían y celebren sus excarcelaciones sino que se rían de todos cuando salgan de las cárceles", ha destacado la diputada de UPyD, antes de reiterar que la modificación sobre esas ayudas no afecten a reclusos que salen de prisión y las necesitan.
Tras mostrar la "firme" voluntad del Gobierno en resolver esta anomalía, Fernández Díaz ha invitado a todas las fuerzas parlamentarias a estudiar este asunto, a fin de conseguir el "máximo consenso posible".
Precisamente, ha recordado que el reglamento que fija las ayudas de la Ley de Reconocimiento Integral de las Víctimas del Terrorismo ya contempla que los terroristas no puedan acceder a ningún tipo de prestación, algo que ha dicho habían solicitado ya unas cuarenta miembros de ETA y de otras organizaciones terroristas.